Estos contratos fueron objeto de 32 recursos, de los cuales fueron estimados la mitad (un 1,9% del total de los expedientes de contratación).
El Portal de Contrataciones de Navarra publicó en 2014 un total de 819 contratos por valor de 394 millones de euros. Sólo 32 de estas contrataciones fueron impugnadas ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, que estimó, parcialmente o en su totalidad, la mitad de esas reclamaciones (un 1,9% del total de los expedientes de contratación de ese ejercicio).
Así consta en las memorias de la Junta de Contratación Pública de Navarra, órgano colegiado con independencia funcional que tiene como misión velar por el buen funcionamiento del sistema de contratación pública de las entidades y entre cuyas funciones se encuentran la gestión del Portal de Contratación de Navarra; y del citado Tribunal de Contratos, que se creó en el año 2013 para resolver de forma rápida (plazo máximo de veinte días) las reclamaciones frente a las contrataciones de las distintas Administraciones, sociedades públicas y entidades que actúan con financiación pública en Navarra. Este Tribunal tiene independencia funcional y está adscrito orgánicamente a la Junta de Contratación Pública.
DETALLE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
En 2014 ascendieron a 819 los contratos publicados en dichos portal, en el que deben publicarse, conforme a la normativa foral de contratación, todos los expedientes de importes iguales o superiores a 50.000 euros. Fueron las entidades locales las que mayor número de contrataciones realizaron (300), seguidas de los departamentos del Gobierno de Navarra (293), las sociedades públicas (116), los organismos autónomos (62), las universidades (37) y otros entes públicos (11). Atendiendo a su tipología, de tales contratos, más de la mitad fueron de asistencia (438), seguidos de los relativos a obras (200), a suministros (163), a concesión de servicios (17) y a concesión de obra pública (1).
Por importes, son las sociedades públicas las que suman mayor volumen de contratación con 169,5 millones de euros contratados (43,02%), seguidas por los departamentos del Gobierno con 158,8 millones (40,3%), las entidades locales con 38,2 millones (9,71%) y los organismos autónomos con 19,9 millones (5,05%). También son los contratos de asistencia los que supusieron mayores importes (165,4 millones de euros), seguidos de la concesión de obra pública (91,5), las obras (67,9), la concesión de servicios (51,2) y los suministros (17,9). Hay que señalar que el importe medio de los contratos ascendió durante el pasado año a 481.125,64 euros.
El departamento que más volumen contrató durante 2014 fue el de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte con 115,3 millones de euros, seguido de Presidencia, Justicia e Interior, con 19 millones, y Fomento, con 14 millones.
Por su parte, entre los organismo autónomos el que más contrató fue el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con 18,87 millones de euros contratados.
32 RECURSOS PRESENTADOS: UN 3,9% DEL NÚMERO DE CONTRATOS.
Durante el pasado año se presentaron 32 recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, lo que supone un 3,9% sobre el número total de expedientes gestionados. Los recursos estimados (total o parcialmente) por el Tribunal fueron 16.
Si se tienen en cuenta los poderes adjudicatarios, fue la Administración de la Comunidad Foral la que fue objeto de mayor número de recursos con un total de 15, seguida de las entidades locales con 13 recursos presentados a sus contratos.
Sólo en 4 ocasiones los acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra han sido impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que haya recaído sentencia hasta la fecha.
Los recursos presentados ante este Tribunal son gratuitos para los reclamantes y, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, se puede interponer frente a cualquier contrato público, con independencia de su importe, así como frente a encargos o modificados contractuales y es enteramente de tramitación electrónica. Además, es el único medio de impugnación que impide automáticamente la formalización del contrato y el inicio de su ejecución cuando lo que se impugna es el acto de adjudicación del mismo, lo que sucedió en el 68% de las reclamaciones.
