• viernes, 07 de mayo de 2021
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POLÍTICA

El Gobierno de Chivite reconoce avances en materia de vivienda, pero aún considera que son "insuficientes"

El consejero Aierdi ha señalado que el plan de legislatura marca como objetivo la puesta a disposición de 1.000 viviendas de alquiler social.

Imagen de archivo de unas viviendas. ARCHIVO
Imagen de archivo de unas viviendas. ARCHIVO

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, ha reconocido en el pleno del Parlamento que “se han dado pasos en materia de vivienda, pero aún son insuficientes”.

De esta forma ha respondido a la interpelación presentada por Podemos-Ahal Dugu en materia de política general de vivienda, sobre la que su portavoz, Mikel Buil, ha solicitado medidas ante “una necesidad apremiante de vivienda pública y de protección de la ciudadanía”.

El consejero Aierdi ha señalado que el plan de legislatura marca como objetivo la puesta a disposición de 1.000 viviendas de alquiler social, consiguiendo así “que en dos legislaturas se duplique el parque propio de vivienda en alquiler”.

Ha apuntado que la política de tanteo y retracto es importante y se ha utilizado durante esta legislatura “en dos procesos de compra de vivienda”.

Por último, ha señalado que la política de vivienda vacía ha llegado a 776 viviendas, y se están otorgando a ritmo de 80 viviendas al año a través de este sistema, y que se encuentran “distribuidas en diferentes barrios”.

Aierdi ha añadido que el censo de vivienda vacía permitirá avanzar “de manera decidida” en políticas de vivienda, y ha apostado por promover la vivienda protegida, así como en el trabajo en el Decreto de habilitabilidad, sobre el que ha apuntado que “ya se trabaja de manera consensuada con los distintos agentes”.

Desde Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil ha señalado que las líneas del Gobierno “son importantes” aunque ha avanzado “una amenaza a corto plazo” cuando la protección sobre la vivienda en alquiler establecida durante el Estado de Alarma finalice.

Ha reconocido que “se vive un momento relativamente dulce” por la prorrogación de los contratos de alquiler y la prohibición de los desahucios, que da una “falsa sensación de placebo”, aunque ha alertado de que “la vivienda preocupa a la ciudadanía y es un problema estructural que tarde o temprano va a aparecer”.

Desde Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que con el Gobierno de Navarra actual “ya no se hace vivienda” y que “antes se promocionaba el suelo público para construir vivienda protegida y ahora no”.

Ha apuntado que en 2019 “ha crecido el número de demandantes de vivienda protegida hasta 18.500”, la cifra “más alta en los últimos diez años”.

Por parte de PSN, Arantza Biurrun ha señalado que cuando se habla de vivienda digna y asequible “se habla de derechos humanos y del cumplimiento de la Agenda 2030”.

Ha apuntado que de esta crisis se puede “salir juntos, priorizando políticas que no dejen a nadie atrás o aumentando la precariedad”, al tiempo que ha comentado que se está construyendo un escudo social “que habrá que ir fortaleciendo”. Por último, ha llamado a adaptar la política a las nuevas realidades sociales, como las viviendas colaborativas.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha indicado que “se está pendiente de un logro en el campo de la vivienda” que es “más lento” de realizar, aunque ha destacado los “muchos pasos dados en legislación”.

Ha advertido de que el censo de vivienda vacía “es una ayuda que no va a solucionar grandes cosas” aunque sí ha apuntado que “es inasumible tener viviendas vacías cuando hay personas con necesidades”.

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha recordado que “es evidente que el derecho a la vivienda se encuentra vulnerado para muchos navarros, ya que hay 18.000 personas que reivindican una vivienda de alquiler protegido”.

Ha apremiado a “preocuparse ante la situación actual" y ha apostado por hacer el censo de vivienda vacía porque “resulta insoportable e inadmisible que haya viviendas vacías mientras hay gente que no ve garantizado este derecho”.

Por último, desde I-E, Marisa de Simón ha apuntado que se debe ser “consciente de los efectos de la burbuja inmobiliaria y los tiempos pasados de especulación inmobiliaria”, cuyos efectos “están ya aquí”.

Ha mostrado su preocupación por el Plan Emanzipa y el Plan David, porque “no han cumplido sus expectativas y no se ha desarrollado como estaba previsto”.


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