Avisan de que una política penitenciaria que excarcele antes a los presos terroristas de ETA "supondría una forma de impunidad"
Víctimas de la banda terrorista ETA, políticos e intelectuales han lanzado un manifiesto, que acumula más de cien firmas, para pedir "un modelo de fin de ETA sin impunidad", especialmente ante el anuncio "de una entrega de armas mediática y propagandística" que a su juicio tiene una inequívoca connotación de autoblanqueo".
El manifiesto lo impulsan el filósofo Fernando Savater, el exconsejero vasco Joseba Arregi, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, el cofundador de Euzkadiko Ezkerra Teo Uriarte, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, el historiador Luis Castells y el catedrático Martín Alonso.
Entre los firmantes hay víctimas de ETA como Ana Iríbar (viuda de Gregorio Ordóñez) y Javier Rupérez, escritores (Fernando Aramburu, Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Fernando Iwasaki, Félix Ovejero) y otros intelectuales y artistas como Carmen Iglesias, Agustín Ibarrola y el director del Euskobarómetro Francisco José Llera Ramo. También hay políticos como la que fuera fundadora de UPyD Rosa Díez, el exdiputado Gorka Maneiro y la ex 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo.
En su texto, advierten contra una política penitenciaria que excarcele anticipadamente a los etarras, aunque sea "enmascarándolo en una aplicación laxa de grados", supondría "una forma de autoridad".
Es más, subrayan que "firmar interesadamente, a cambio de una recompensa, una petición de perdón, reconocer el daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará, es un fraude" y que "el requisito de la colaboración es el único que beneficia a las víctimas y que prueba el arrepentimiento real de los criminales".
El final de ETA, añaden, debe sostenerse "sobre la dignidad de sus víctimas", porque es "la deuda contraída por el Estado de Derecho que el Gobierno debe defender". "Cuando se ha aplicado el Estado de Derecho, sin trampas ni atajos, es cuando se ha conseguido el mayor debilitamiento de ETA", recuerdan.
Añaden también que "la deslegitimación del lenguaje de ETA es, simultáneamente, una condición inexcusable para afrontar otra cuestión pendiente, el miedo y el desistimiento de una parte de la sociedad durante los años del terror".
Los firmantes sostienen que "el futuro de la sociedad vasca y navarra no puede escribirse en la estela del miedo y la autocensura generados por ETA, aunque su acción terrorista haya dejado de amenazar" porque entonces no habrá memoria ni justicia paras las víctimas.
"CHANTAJE MORAL" Y "MICROVIOLENCIA" CON LAS VÍCTIMAS
Por eso, advierten a quienes les piden "generosidad" de que eso es "un chantaje moral, que es un tipo de microviolencia tremendamente dañino", porque supondría renunciar a "legítimas reclamaciones", como la justicia, que es "un componente de la reparación".
Para evitar que el desarme anunciado para el 8 de abril sea una jugada "puramente táctica", subrayan que lo primero que debe exigirse a ETA "y a su trama política" es que condene toda su historia de terror para que no trate de presentarla como legítima y un "sacrificio heroico por la patria".
Además, subrayan que es preciso evitar "un nuevo gran tabú comunitario: el de la repugnancia a escuchar la verdad del horror y sus ramificaciones en forma de violencia de persecución, extorsión o la experiencia traumática de los miles de niños que crecieron con un silencio obligado por la amenaza de muerte de sus padres".
