El vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha manifestado, tras conocer la sentencia que desestima las reclamaciones para la devolución del IRPF por maternidad en Navarra, que el Gobierno mantiene el "compromiso político" de buscar una solución y ha afirmado que tiene que "actuar con rigor técnico y desde la seguridad jurídica".
Ha dicho este viernes que desde el Ejecutivo hay un "compromiso político" que "tiene que sustanciarse en una normativa que lo sustente y lo garantice desde un punto de vista de seguridad jurídica". Sobre si llegará la solución antes de final de año, como se había transmitido, Remírez ha señalado que "ya no es solo una cuestión de voluntad política del Gobierno, que por supuesto tiene ese deseo, sino de que los tiempos procesales le acompañen".
La presidenta del Gobierno foral, que ha prometido devolver este dinero, quería usar las sentencias que esperaba que fueran favorables como argumento jurídico.
En declaraciones a los medios de comunicación, Remírez ha señalado que el fallo de la sentencia es "uno de los escenarios que contemplaba" el Ejecutivo. "Estamos trabajando en dar solución a esta cuestión desde el punto de vista de la seguridad jurídica, un compromiso que ya adquirió en su día la presidenta del Gobierno", ha expuesto.
Ha dicho que la sentencia "lo que hace es confirmar la posición que tenía el Gobierno de Navarra a través de la Hacienda foral y del Tribunal Económico Administrativo de Navarra en esta materia" y "certifica y ratifica la autonomía fiscal de Navarra, reconocida en la propia Constitución".
El vicepresidente ha manifestado que, una vez que el procedimiento sea firme, "trabajaremos dentro de uno de los escenarios que contemplábamos". "Desde el departamento de Economía y Hacienda están trabajando en ello y de hecho la consejera se ha puesto en contacto con las madres y padres afectados para trasladarles esta posición", ha comentado.
Javier Remírez ha expuesto que "la sentencia plantea una cuestión clave y cualquier decreto o normativa tiene que tener en cuenta la seguridad jurídica y lo que marquen los tribunales de Justicia".
Ha detallado que "nuestro compromiso con el colectivo era procurar solucionar la cuestión antes de fin de año pero nos vemos un poquito condicionados por la firmeza del proceso". "El Gobierno de Navarra tratará de encontrar una solución al respecto y si eso requiere luego posicionamiento parlamentarios, ya veremos los apoyos que tiene", ha indicado.
