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Barkos aprovecha Rozalejo para erigirse en víctima de los okupas: "Buscan causar problemas al Gobierno del cambio"

La presidenta indica que se trató de mediar con ellos y resalta que ese edificio "siempre es vulnerable para ser ocupado".

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, acompañada por Mikel Aranburu, responde a cuestiones relativas al palacio del Marqués de Rozalejo. IÑIGO ALZUGARAY
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, acompañada por Mikel Aranburu, responde a cuestiones relativas al palacio del Marqués de Rozalejo. IÑIGO ALZUGARAY  

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este martes que el Ejecutivo "ha actuado de forma coherente y siempre desde la responsabilidad" en el caso de la ocupación del palacio del Marqués de Rozalejo, y ha añadido que "el Gobierno nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades en la defensa del patrimonio público".

Barkos ha comparecido en comisión parlamentaria, acompañada del consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, a petición de UPN y Podemos, y ha realizado un relato cronológico de lo ocurrido en torno a la ocupación del edificio, posterior desalojo y nueva ocupación. "Un desalojo que fue una decisión tomada por el Gobierno, de forma unilateral, en defensa del patrimonio público del que el Gobierno es responsable", ha expuesto.

Según ha manifestado, "me parece grave e inaceptable tratar de acusar al Gobierno de avalar la ocupación". "El Gobierno nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades en la defensa del patrimonio público, pero eso no ha impedido tampoco la defensa prioritaria del interés general y de la seguridad ciudadana", ha dicho, para señalar que ello va "acompañado por una apuesta por el diálogo".

En su intervención, Barkos ha añadido que "jamás se ha negado el Gobierno a hablar de espacios autogestionados, pero no puede restar un ápice a la posición de reivindicar la propiedad pública y no solo los intereses de una parte de la comunidad". "El Gobierno ha actuado de forma coherente y siempre desde la responsabilidad", ha remarcado.

Ha comentado que el Ejecutivo ha tenido "clara" la "igualdad de oportunidades ante la utilización de equipamientos públicos, rechazando los amiguismos y redes clientelares, y rechazando los mecanismos en acceder a inmuebles públicos con una patada en la puerta". Y ha abogado también por "aportar soluciones a las demandas de los movimientos ciudadanos y a los espacios autogestionados, como lo hemos hecho con otros colectivos".

La presidenta ha señalado que "el Gobierno ha recibido críticas en este tema por parte de unas posiciones y de las contrarias, pero la solución de unos y otros eran opuestas". "Como casi todo en esta vida, la respuesta con más sentido común no suele estar en el blanco o en el negro, sino en la gama de colores, en el interés general", ha apuntado.

SIEMPRE VULNERABLE PARA SER OCUPADO

Barkos ha indicado que, con los okupas, hubo un proceso de mediación "infructuoso" antes del desalojo, y ha puesto en valor el trabajo de la Policía Foral durante el desalojo en el mes de agosto. Tras la reocupación, ha indicado que desde el cuerpo policial autonómico se desaconsejó una nueva actuación, "por la cantidad de personas congregadas en el lugar", y se indicó que por las características del edificio, "siempre es vulnerable para ser ocupado".

Ha defendido también la presentación desde el Gobierno de la suspensión de la orden de desalojo del palacio del Marqués de Rozalejo, que "es lo que el Ejecutivo considera lo más prudente".

Además, Barkos, que ha confirmado la voluntad del Ejecutivo de instalar en el edificio el Instituto de la Memoria, ha recordado que el Gobierno de Navarra tiene presentada una denuncia judicial por la ocupación, y ha dicho que "la defensa del interés público es esencial".

Barkos ha llamado la atención sobre el hecho de que a lo largo de la legislatura, solo se han ocupado edificios propiedad del Gobierno de Navarra, lo que "da que pensar", y ha considerado que se busca "generar problemas a una institución del cambio".

SIN DENUNCIAS DE FRAUDE FISCAL

Desde el punto de vista de Hacienda, el consejero Mikel Aranburu ha explicado que Hacienda "va a ejercer el control tributario de aquellos hechos imponibles que no se declaren o que sean irregulares, pero esos procedimientos son secretos". "Lo que sí puedo decir es que la Hacienda Navarra no ha recibido ninguna denuncia de fraude fiscal", ha indicado.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha indicado que el Gobierno "tiene que cumplir la ley y defender el interés público". "La pasividad del Gobierno les hace responsables", ha manifestado, para añadir que "hay un fraude masivo" a la Hacienda en dicho inmueble. "Hay un cúmulo de irregularidades", ha indicado, para apuntar que "el mayor perjuicio que causa es que dinamita la igualdad de trato de todos los ciudadanos". Ha pedido así al Ejecutivo "adoptar medidas eficaces para recuperar la plena posesión del edificio".

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha señalado que el desalojo "no era una decisión unánime en el cuatripartito", y ha pedido al Gobierno que "retire la denuncia" como "muestra de la voluntad de diálogo". "Se antepone la defensa de la propiedad frente a la seguridad", ha opinado, y ha criticado el desalojo de agosto, con "22 personas identificadas, varias personas contusionadas y una grotesca imagen de una Pamplona ocupada por las fuerzas policiales".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha señalado que "todos defendemos el valor del diálogo, pero es más que sentarse a hablar, tiene unas condiciones necesarias, como el respeto entre quienes dicen querer dialogar, la aceptación de las reglas del juego y la disposición a cambiar lo que uno piensa, pero ninguna de estas tres ha estado presente en quienes ocuparon el palacio del Marqués de Rozalejo". "Es imposible el diálogo con quienes ocuparon", ha añadido.

ACUERDO ROTO

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha comentado que "el desalojo por la fuerza no es la solución", y ha añadido que "hemos rechazado las cargas policiales, porque fueron innecesarias, pero también la actuación de la policía tuvo sus elementos diferenciadores a otras épocas". Ha explicado que EH Bildu llegó a un acuerdo, tras reuniones, con los okupas, pero ha lamentado que ese acuerdo se rompió. "No vamos a desfallecer y vamos a seguir", ha comentado.

La socialista María Chivite ha indicado que "la gestión del desalojo fue más que cuestionable" y "permitió la reocupación del edificio". "Hubo una operación policial y el trabajo se echó por tierra porque quienes están dentro del edificio son afines a Bildu y Podemos", ha comentado, para pedir al Gobierno que "vele por el patrimonio de todos".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "esta es la historia de un Gobierno arrodillado una vez más a Bildu, a la izquierda radical abertzale, a los borrokas, a los insumisos y a los que violan la ley". "Es una presidenta doblegada, ha vuelto a claudicar. Ante la ocupación, han mirado hacia otro lado, hicieron un paripé para quedar bien con todos. Si tanto les gustan los okupas, llévenselos a su casa, pero no dejen que entren en casa de los demás", ha apuntado.

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha asegurado que este no es "uno de los problemas prioritarios que tenemos como sociedad", y ha indicado, en todo caso, que "no se aprecia en el Gobierno de Navarra ninguna actitud de complicidad con los ocupantes de este edificio". "El Gobierno está actuando conforme al margen de actuación que le da la ley", ha indicado, pero ha rechazado que el desalojo sea "la única solución posible, existe la solución del diálogo y el acuerdo".


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