POLÍTICA

UPN critica que el Ayuntamiento de Tafalla pagará 26.300 euros por la contratación "ilegal" de un asesor jurídico

El alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, durante una intervención en EH Bildu.
El alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, durante una intervención en EH Bildu.  

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla ha advertido de la aprobación de un crédito extraordinario para "hacer frente a la indemnización de una trabajadora que recurrió la decisión del alcalde de contratar a otra persona como asesor jurídico del consistorio tafallés". El equipo de gobierno deberá abonar por esta contratación "ilegal", tras la sentencia firme a favor de la recurrente, un total de 26.300 euros, según ha señalado UPN en una nota.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona anuló en mayo el proceso de contratación de una plaza de asesor jurídico en el Ayuntamiento de Tafalla en septiembre de 2015. "La citada sentencia señaló que el consistorio, presidido por Arturo Goldaracena (EH Bildu), al quedar vacante la plaza debería haber acudido a la lista de aspirantes a la contratación para ese puesto, y no lo hizo, por lo que la contratación de otra persona en su lugar no resulta conforme a derecho", han explicado los regionalistas en una nota.

UPN ha señalado también que la sentencia confirma que el Ayuntamiento "pretendió saltarse procedimientos para acreditar como secretario a una persona que no estaba habilitada para ello". "El fallo considera que 'no era procedente tampoco' que el Ayuntamiento acudiera al proceso para la provisión de plazas vacantes en las secretarías de entidades locales, y que 'no se realizó con intervención del Gobierno de Navarra como es preceptivo", han afirmado los regionalistas.

El grupo municipal de UPN ha criticado "el despilfarro económico que sufre el Ayuntamiento tras varias sentencias perdidas", cuyo coste han exigido conocer. Para los concejales regionalistas, "es hora de que Bildu e I-E se pongan a trabajar por la ciudad y de que gestionen el dinero público en la mejora de servicios y no en pagar sentencias condenatorias".


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