POLÍTICA

UPN solicita prohibir por ley las donaciones a los partidos políticos

Buscan “evitar errores y escándalos que profundicen más aún en el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes políticos”

Iñigo Alli (UPN).
Iñigo Alli (UPN).  

Los diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, Iñigo Alli y Carlos Salvador, han registrado una iniciativa parlamentaria para modificar la Ley de financiación de los partidos políticos con el objeto de incluir la prohibición de donaciones privadas a las fuerzas políticas.

Los diputados regionalistas consideran que, si bien las modificaciones que se han ido introduciendo en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos supusieron un avance en la transparencia y control de la financiación de los partidos políticos, “la realidad demuestra que no son suficientes para evitar prácticas poco ejemplarizantes amparadas en la actual normativa”.

En su opinión, a pesar de la prohibición introducida sobre condonaciones de las deudas y de las limitaciones de manera especial sobre donaciones privadas a los partidos políticos, las excepciones que sigue contemplando permiten vías de fácil elusión en materia de donaciones dinerarias.

Por ello, UPN considera “que debe prohibirse cualquier tipo de donación a los partidos políticos, bien sea dineraria o no”, y que deben introducirse otra serie de límites en el texto legal “para evitar errores y escándalos que profundicen más aún en el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes políticos”.

En este sentido, las principales novedades que proponen modificar incluyen la prohibición de donaciones de personas físicas a partidos políticos (también de personas físicas extranjeras); la introducción de un límite de hasta 6.000 euros a las aportaciones de los afiliados a los partidos políticos, (no obstante, a partir de 3.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas); la introducción de un límite de hasta 6.000 euros a las donaciones de personas físicas a las fundaciones de partidos políticos; el establecimiento de un nuevo límite de 25.000 euros de aportaciones de personas jurídicas a fundaciones con la exigencia de que se  formalice en documento público; y la prohibición de que las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos puedan realizar donaciones a los partidos políticos a que están vinculadas.


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