UPN recuerda al Defensor que se ha saltado la ley al abordar las contrataciones de Aranzadi, pendientes en los tribunales

Los regionalistas subrayan que "es sorprendente" que Javier Enériz haya emitido un informe escuchando sólo a una de las partes.

Los concejales de UPN, Enrique Maya, Ana Elizalde y María Caballero.
Los concejales de UPN, Enrique Maya, Ana Elizalde y María Caballero.

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado este viernes que "el Defensor del Pueblo no es competente para analizar un asunto que está en los tribunales", después de conocer a través de una nota de prensa la resolución de un informe respecto a las contrataciones realizadas en el área de Participación Ciudadana, dirigida por Aranzadi.

Además, UPN ha censurado, en un comunicado, que "sorprendentemente el Defensor del Pueblo ha resuelto su informe sin dar audiencia ni solicitar un solo documento a los concejales que hemos destapado las irregularidades, reconocidas incluso en informes jurídicos del propio Ayuntamiento".

Según los regionalistas, "este hecho es aún más grave, porque uno de los informes elaborados por el Ayuntamiento y firmado por el director de Recursos Humanos se ha demostrado erróneo, por lo que si el defensor lo ha tenido en cuenta, incurriría en un error de partida".

Así, han lamentado que "el Defensor curiosamente haya escuchado sólo a una parte y no haya requerido ni uno sólo de los documentos que el grupo municipal de UPN ha presentado a los tribunales en el recurso que elevó al Tribunal Contencioso Administrativo de Navarra ni le haya dado siquiera audiencia para defender sus conclusiones respecto al proceso irregular".

En este sentido, UPN ha destacado que "supuestamente el Defensor del Pueblo tiene la función de supervisar a la administración y no a la oposición como en este caso". Así, ha subrayado la "indefensión que ha provocado el propio Defensor y su resolución al grupo municipal de UPN".

Por último, el grupo municipal regionalista ha destacado que con este informe "el defensor incumple la propia Ley Foral 4/2000 de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra". "Esta ley, en su artículo 23.2, afirma literalmente que 'El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que exista sentencia firme o esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiera por persona interesada, denuncia, querella, demanda o recurso ante los Tribunales o se incoaran autos en los mismos'".

Para UPN, "resulta otra vez curioso que pese haber presentado el grupo municipal de UPN un recurso ante el Contencioso Administrativo de Navarra el pasado 7 de diciembre el Defensor haya emitido un informe en contra aparentemente de la propia normativa que regula su actividad".

INFORME DEL DEFENSOR QUE AVALA LA SOSPECHAS

El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido un informe en el que avala los informes municipales a propósito del proceso de selección de técnicos de Participación en el Ayuntamiento de Pamplona. Se pronuncia así sobre la sospechosa contratación del ex alcalde de Barañáin (Nafarroa Bai), Floren Luqui, que es a su vez antiguo compañero del director de este, Área Axel Moreno, y de su ex socio, Andoni Iso; precisamente ambos eran presidente y vocal respectivamente del tribunal que ha procedido a contratar a su amigo.

Javier Enériz, el Defensor del Pueblo, asegura en su informe que no aprecia actuación imputable al Ayuntamiento que sea lesiva para los derechos de las personas que participaron en este concurso-oposición. En su texto tampoco aprecia indicios que lleven a pensar que este proceso se produjera de forma disconforme con los principios constitucionales de acceso a la función pública, es decir, igualdad, mérito y capacidad.

A pesar de las imágenes publicadas por este medio que vienen a demostrar la amistad, oculta en sede consistorial por parte de Aranzadi, entre Axel Moreno y Andoni Iso con el contratado, Floren Luqui, el Defensor del Pueblo no se observa fundamento suficiente como para calificar lo ocurrido de trato de favor a unos u otros aspirantes, ni para concluir que haya existido una discriminación o ventaja que perjudique o beneficie a alguno de los participantes.

En base a estos argumentos el informe añade que “la institución comparte la conclusión que se sostiene en el informe jurídico del 25 de noviembre” elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento que respaldaban la validez del proceso de selección realizado por el área de Participación, dirigida por el concejal de Aranzadi, Alberto Labarga.

ENÉRIZ NO SE PRONUNCIA SOBRE LA DENUNCIA REALIZADA POR UPN

El propio Floren Luquin solicitó a la institución que preside Francisco Javier Enériz un informe sobre la actuación del Ayuntamiento en este procedimiento, asegurando que se había cometido un acto lesivo contra sus derechos fundamentales por ser acusado de trato de favor en el proceso de selección, como desveló el grupo municipal de UPN.

Ante este último término, el Defensor del Pueblo responde que no está habilitado legalmente para emitir pronunciamiento sobre si el UPN debería, como solicitaba el afectado, “resarcir los daños generados a Floren Luqui por la campaña pública de difamación contra su persona, atentando a su honor e imagen, humillando su integridad física y moral, e intentando discriminarle por sus ideas políticas”.

SOSPECHAS SIMILARES CON REITERADOS CONTRATOS A LA EMPRESA NOMMAD

Nommad es la otra empresa vinculada a Aranzadi-Podemos que también está bajo sospecha. Esta sociedad fue fundada en el segundo semestre de 2015, coincidiendo con la entrada de Aranzadi en el Ayuntamiento, y ha acumulado desde entonces varios trabajos contratados por el área de Participación.

También UPN denunció en junio que, observada la numeración de las facturas, los trabajos para el Ayuntamiento eran los únicos realizados por la nueva empresa en lo que iba de año.

Los regionalistas detectaron en el mes de enero una factura de esta empresa cobrando 2.559 euros por un manual de participación, que no era tal, y que acabó justificándose después de numerosas preguntas como un curso a los responsables del área.

Después, los concejales de UPN reclamaron información por el pago en marzo de 2.640,83 euros en concepto de “Asesoría en análisis, definición y diseño del observatorio local de democracia participativa”.

Posteriormente, una factura pagada el 27 de mayo de 6.267,80 euros para la “Definición y diseño de un proceso participativo en torno a la movilidad en el Casco Antiguo” levantó definitivamente las sospechas de los regionalistas. Por último, apenas 10 días más tarde, el día 9 de junio, el mismo área resolvía la adjudicación a la misma empresa y por 27.164,50 euros de un “contrato de asistencia a proceso participativo sobre movilidad en el Casco Antiguo” elaborado.


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