UPN ha preguntado por las "inspecciones de las actividades ilegales en este edificio" que Mikel Aranburu se había "comprometido a hacer".
UPN ha preguntado al consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, si "ha cumplido con su compromiso de inspeccionar las actividades ilegales realizadas en el Palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona durante las fiestas de San Fermín", un edificio del siglo XVIII, propiedad del Gobierno, que está siendo ocupado por "un colectivo vinculado a la izquierda abertzale".
De haberse llevado a cabo esas inspecciones, los regionalistas solicitan "las actas que lo acrediten, así como todas las actuaciones de control fiscal que se hayan iniciado".
En un comunicado, UPN ha remarcado que el consejero Aranburu "aseguró textualmente en el Parlamento de Navarra el pasado 28 de junio que Hacienda va a intervenir en relación con el posible fraude de impuestos correspondientes a IVA, IRPF y Sociedades derivadas de las actividades ilegales de hostelería que se celebren allí".
"Pasadas las fiestas de San Fermín, se ha comprobado cómo efectivamente este edificio, adscrito al Departamento de Hacienda e ilegalmente ocupado, ha sido utilizado como bar ilegal, dispensando bebidas y cobrando por ellas sin que se conozca ninguna medida que haya evitado la actividad ni el control de la misma por parte de la Administración", han criticado los regionalistas.
Según han expuesto, "se ha confirmado la advertencia realizada por nuestra formación en los días previos según la cual en pleno centro del casco antiguo, se iba a utilizar un edificio público para realizar actividades económicas defraudando los correspondientes tributos".
Además, han destacado que les consta que "se han producido denuncias y comunicaciones sobre el uso ilegal del Palacio durante las fiestas de San Fermín" y, por ello, quieren saber "su contenido y la respuesta del Gobierno de Navarra a las mismas".
Desde UPN han remarcado que el Palacio Marqués de Rozalejo es un edificio histórico sito en la Plaza Navarrería que data del siglo XVIII y que cuenta con varios elementos catalogados, entre ellos su fachada barroca.
"El edifico fue arrebatado del uso público por un colectivo vinculado a la izquierda abertzale ante la pasividad del Gobierno propietario del inmueble", han criticado los regionalistas, quienes también han lamentado que "la fachada barroca ha sido utilizada como soporte de reivindicaciones y campañas de Bildu y otros colectivos afines, sin que el Departamento de Cultura encargado de velar por su protección llevase a cabo ninguna acción".
