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El director de Davalor cobraba 150.000€ mientras la empresa acumulaba deudas y recibía dinero público

UPN ha desvelado la situación financiera que acumulaba la compañía mientras el vicepresidente Ayerdi apostaba de forma "negligente y temeraria" por financiarla.

Imagen de uno de los prototipos desarrollados por Davalor Salud. Foto: DAVALOR
Imagen de uno de los prototipos desarrollados por Davalor Salud. Foto: DAVALOR  

La oposición ha vuelto a exigir al vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, que asuma su responsabilidad ante el aval de dinero público a la compañía deficitaria Davalor.

UPN ha solicitado al vicepresidente Ayerdi que se retire del Ejecutivo de Navarra y el PPN ha reclamado la comparecencia de la directora gerente de Sodena para que dé "explicaciones" sobre la inyección de dinero público en Davalor.

Desde UPN han asegurado este martes que el "escándalo" de Davalor Salud "no tiene precedentes ni en Sodena ni en la administración foral" y ha criticado "esta apuesta frívola, negligente y temeraria" del vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, a quien ha vuelto a exigir que "asuma la responsabilidad de sus decisiones y se retire del Ejecutivo".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa el parlamentario regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha vuelto a criticar que esta operación se haya realizado "sin exigir cuentas, auditorías, los informes y los contratos de los supuestos inversores". "Es una apuesta que prescinde de la más mínima cautela y prudencia, lo que deja en evidencia es una absoluta dejadez y falta de garantías", ha sostenido.

Preguntado por si UPN está dispuesto a firmar la propuesta del PPN para la creación de una comisión de investigación en el Parlamento foral sobre Davalor, Sánchez de Muniáin no ha avanzado la postura que adoptará la formación regionalista y ha señalado que en los próximos días su partido "se pronunciará sobre esta cuestión y adoptará el acuerdo correspondiente".

Respecto a la posibilidad de que en la comisión también se investiguen otras actuaciones "fallidas" de Sodena a lo largo del tiempo, como ha planteado Geroa Bai, se ha preguntado "si esto nos lo tenemos que tomar como una amenaza" y ha remarcado que es el actual Gobierno el que "tiene que responder por lo que ha hecho". "Es a ellos a los que se les pide responsabilidad, mirar para atrás no les va a evitar que respondan por este escándalo en el uso del dinero público", ha zanjado.

"AYERDI FORZÓ UN SISTEMA DE ACUERDO"

Sánchez de Muniáin ha remarcado que este caso "empezó como una apuesta personal, prescindiendo de todo procedimiento, por parte de Ayerdi, que forzó él mismo un acuerdo de Gobierno para ordenar a Sodena que apostase por una determinada empresa y un determinado empresario en unas circunstancias caóticas en ese momento".

Según ha expuesto el parlamentario regionalista, con la información de la que disponen, tras la petición que realizaron al Gobierno foral, y otros datos que han ido conociendo "todavía es mucho más desconcertante y levanta mucha más sospecha esta actuación en la que se han prestado casi 3 millones de dinero público".

En este sentido, ha censurado que la última decisión del Gobierno foral sobre Davalor haya sido que, a través de Sodena, "acompañe y ayude a la empresa en el concurso de acreedores, demorando el cobro de los préstamos que con el dinero de todos se ha hecho a esta empresa durante cinco años".

En su opinión, "la única explicación es que esto se ha hecho para intentar evitar a toda costa, con dinero y recursos públicos, que estalle un escándalo que finalmente ha estallado en los juzgados de lo mercantil con este concurso de acreedores". Y ha criticado que esta decisión "se haya adoptado nuevamente sin informes técnicos, sin acuerdo del Consejo de Administración y sin haberle exigido las convenientes auditorías a la empresa". Además, ha afirmado que las dos razones dadas para justificar la demora del cobro de los préstamos "no se ajustan a la realidad".

SIN EXIGENCIAS DE LEGALIDAD

Asimismo, Sánchez de Muniáin ha cuestionado que Sodena "haya seguido prestando dinero a una empresa sin exigirle el mínimo cumplimiento legal que se le exige a cualquier empresa, que es que presente las cuentas" y ha censurado que, según la propia información trasladada por Ayerdi, la sociedad pública "reclamó las cuentas por correo electrónico el 19 de julio de 2018, dos días después de que UPN denunciara el incumplimiento legal". Según ha dicho, fue entonces cuando Davalor "aprueba y deposita las cuentas correspondientes a 2016 con dos años de retraso, que vuelve a sumar pérdidas".

"En el año 2014 esta empresa ya sumaba 7 millones de deuda; en el año 2015, que es cuando Ayerdi se decide a hacer el préstamo, sumaba 15,8 millones de deudas; en 2016, las pérdidas se aumentan hasta 18,2 millones y, aunque no están depositadas las cuentas de 2017, se calcula que pueden superar los 19 ó 20 millones de euros", ha asegurado el parlamentario de UPN, para subrayar que "estas son la deudas con terceros, a las que hay que sumar 16 millones de posibles pérdidas que son las aportaciones de los inversores que han apostado por Davalor".

Tras señalar que se ha demostrado que los planes de viabilidad presentados por la empresa son "el cuento de la lechera" que se asientan sobre variables "irreales", el dirigente regionalista también ha criticado que Sodena "no disponga de los contratos" que unen a Davalor con un "supuesto" inversor de Letonia porque "estos contratos no existen, existen una carta de esta empresa que dirige a los acreedores ofreciéndoles una serie de garantías".

UN SUELDO DE 150.000€ Y LA EMPRESA EN NÚMEROS ROJOS

Igualmente, Sánchez de Muniáin ha censurado que mientras Davalor Salud "debe dinero a todo el mundo, proveedores, administraciones y trabajadores", el director y administrador único de esta empresa en 2015 cobraba 150.000 euros anuales, una cifra que se repite en las cuentas de 2015, pese a que Sodena "le recomendó que se rebajase el sueldo un 50%".

"No es la única compensación que recibe, además se han verificado pagos desde Davalor Salud a Davalor Consultoría, una empresa cuya propiedad única es del director gerente y administrador, unos pagos que en diversos años superan los 40.000 euros", ha asegurado.

También ha cuestionado el parlamentario de UPN que a pesar de la renuncia formal del auditor, que si se ha producido se debe a una causa "grave", se le "siguiera prestando dinero" a Davalor; y que la empresa "no tuviera los permisos necesarios para comercializar el código fuente y llevar la actividad".

A su juicio, "todas estas circunstancias aumentan todavía más las sospechas por las cuales el vicepresidente Ayerdi y el Gobierno de Barkos ha unido todas sus decisiones al futuro de esta desastrosa gestión empresarial".

PPN PIDE LA COMPARECENCIA DE LA GERENTE DE SODENA

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha pedido la comparecencia de la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, en el Parlamento, "con carácter urgente", para que "dé explicaciones sobre las últimas actuaciones de la empresa pública en relación a Davalor".

Ana Beltrán ha afirmado en una nota que "llevamos casi tres años insistiendo en que Davalor no es una empresa viable, en que la inversión no era segura, y a pesar de todo se han seguido concediendo préstamos uno tras otro".

"Ahora el tiempo nos ha dado la razón, pues Sodena ha exigido la devolución íntegra de los préstamos y los intereses devengados de dichos préstamos, en un momento en que la empresa está en concurso de acreedores, reconociendo así que la inversión en Davalor nunca debió producirse", ha continuado Beltrán.

La dirigente 'popular' ha afirmado que "no es algo nuevo, puesto que hay que recordar que, hasta que el vicepresidente Ayerdi llegó al Gobierno y al consejo de administración de Sodena, esta empresa pública siempre se había negado a conceder el préstamo a Davalor". "Sólo después de las elecciones de 2015 fue cuando se cambió el criterio, y todo contra el criterio de la propia directora gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, quien en una reunión con parlamentarios y el vicepresidente ya reconoció que era contraria a cómo se estaban gestionando las inversiones en Davalor", ha asegurado.

Por ello, Beltrán ha considerado "más necesario que nunca crear una comisión de investigación en el Parlamento, para depurar responsabilidades, y para aclarar por qué con una empresa que se sabía que no era viable, un proyecto que estaba completamente sin terminar, y después de incumplirse sistemáticamente todos los plazos y condiciones, tal y como advirtió la Cámara de Comptos, desde Sodena se ha seguido concediendo préstamo tras préstamo arriesgando el dinero de todos los navarros y poniendo en juego la inversión de pequeños inversores".

Ana Beltrán ha afirmado que "la apuesta del Gobierno de Navarra por Davalor creó confusión en miles de estos inversores, que pudieron entender que si el Gobierno de Navarra creía en la viabilidad de la empresa, sería porque era inversión segura, y por eso arriesgaron su dinero". "Por lo tanto, la responsabilidad del Gobierno de Navarra, de la presidenta Barkos, del vicepresidente Ayerdi y de Sodena, es máxima", ha añadido.

Además, ha asegurado que "hay que tener en cuenta que esta inversión difiere de otras actuaciones fallidas que se hayan podido realizar en otras empresas, en esta y en otras legislaturas, puesto que ciertamente una sociedad de capital riesgo como es Sodena lleva implícito que muchas inversiones puedan ser fallidas, pero hay que realizarlas para garantizar que haya empresas que puedan llevar a cabo su proyecto"

 "En este caso la situación es distinta, porque estaba claro que se trataba de un proyecto hueco, de una empresa que en ningún momento ha actuado con transparencia, y que lo que más valor tenía eran las patentes que nunca han estado como garantía a disposición del Gobierno de Navarra", ha concluido Ana Beltrán.


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El director de Davalor cobraba 150.000€ mientras la empresa acumulaba deudas y recibía dinero público