EDUCACIÓN

"No respeta la libertad de elección de las familias": las críticas de UPN a la 'ley Celaá' de Educación

Han registrado  18 enmiendas que "tratan de revertir los efectos nocivos para la libertad educativa" que, a juicio de UPN, contiene el proyecto del Gobierno de Sánchez.

Una docente prepara una clase. MIGUEL OSÉS
Una docente prepara una clase. MIGUEL OSÉS  

UPN ha criticado que "la LOMLOE o 'ley Celaá' no respeta la libertad de elección de centro de las familias, ataca a la educación concertada y trata de acabar con la educación especial".

Por ello, sus representantes en el Congreso de los Diputados han registrado este miércoles un total de 18 enmiendas que "tratan de revertir los efectos nocivos para la libertad educativa" que, a juicio de UPN, contiene el proyecto del Gobierno de Sánchez.

La formación regionalista ha solicitado, entre otras cuestiones, que "se garantice la existencia de plazas escolares tanto en centros públicos como concertados, atendiendo también a las necesidades de escolarización y el interés de la familia y alumnado, con el fin de asegurar el derecho a la educación y de conformidad con la Constitución Española". Además, ha propuesto que "todos los centros sostenidos con fondos públicos puedan acceder a programas de cooperación territorial".

Otras enmiendas de UPN van encaminadas a "mejorar las condiciones económicas y laborales de los centros concertados, especialmente de los docentes". A este respecto, ha pedido, por ejemplo, que "se garantice la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa o la equiparación salarial de todas las retribuciones que perciben sus homólogos de la función pública docente".

Respecto a la educación especial, UPN ha presentado una enmienda de supresión de la disposición adicional cuarta por la que, según entiende la formación regionalista, "el Gobierno de Sánchez emprende un camino para erradicar la educación especial, lo que es un error inmenso y ataca de nuevo la libertad de elección".

Finalmente, ha defendido que "no se discrimine a los centros que imparten educación diferenciada, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional amparó dicho modelo en la sentencia STC31/2018 de 10 de abril".

"Tratamos de defender la libertad de los padres a elegir el tipo de centro que consideren mejor y la de los centros a ofrecer el modelo educativo que decidan", han explicado en una nota los regionalistas.


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