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UPN denuncia que el chalet de Caparroso cedido a los okupas no tiene licencia para usarse en Sanfermines

Califica el expediente de la concesión a los okupas como “un esqueleto vacío para justificar la concesión concreta a un grupo concreto ”

María Caballero, Ana Elizalde y Enrique Maya en una reunión de la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY
María Caballero, Ana Elizalde y Enrique Maya en una reunión de la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY  

El portavoz municipal de UPN, Enrique Maya, ha denunciado hoy que el Chalet de Caparroso, el edificio que el Ayuntamiento ha regalado a los okupas del gaztetxe carece de licencia de actividad, por lo que no debería poder utilizarse.

Maya ha remarcado esta circunstancia sobre todo de cara a Sanfermines y ha responsabilizado directamente al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón “de que se hagan actividades sin licencia, sin que se garanticen las medidas de seguridad”. Y ha remarcado, “nos parece muy temerario tener eso abierto en Sanfermines. ¿Cuál es el aforo? No tenemos ni idea”.

Pero la denuncia de UPN no se limita únicamente a la ausencia de licencia. Considera que el expediente de concesión es “hueco y vacío”. “Es un auténtico ropaje hecho a medida y desde el punto de vista técnico y jurídico es muy deficiente”, ha afirmado Maya.

“Se han limitado a hacer un esqueleto para justificar una cesión concreta, para un grupo concreto con unos fines concretos”. Según el grupo municipal regionalista, el informe que lo avala “lo mismo vale para un roto que para un descosido”. “Dice que es posible ceder un edificio a una asociación con unos estatutos sin ánimo de lucro. Eso ya lo sabíamos”. Pero Enrique Maya ha denunciado que en el expediente no se mencionan los fines de la asociación concesionaria. “Se debería haber elaborado al menos una memoria, unos planos. Pero remitiéndonos al expediente, no tenemos ni idea de qué se va a celebrar ahí, qué se va a hacer, con qué horarios, etc”.  

Por eso, los regionalistas no descartan llevar el caso a la vía judicial.


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