"Es un indicio más de que los pliegos, que marcaban condiciones muy concretas que sí cumplía la Asociación Berriztu, estaban claramente dirigidos a que fuera la adjudicataria", ha señalado UPN.
La portavoz de UPN en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra, Maribel García Malo, ha afirmado que "el hecho de que el concurso llevado a cabo por el Departamento del vicepresidente Laparra para la gestión de un centro de día de justicia juvenil haya quedado desierto refuerza la tesis de la existencia de irregularidades".
"Que ninguna empresa se haya presentado al concurso refuerza la tesis de UPN de la existencia de irregularidades en el procedimiento de adjudicación de este servicio, así como la necesidad de que el vicepresidente Laparra dé explicaciones cuanto antes en el Parlamento", ha asegurado a través de una nota de prensa.
García Malo ha recordado que "en dicho concurso no ha existido ninguna empresa distinta de la Asociación Berriztu que cumpliera las condiciones marcadas en los pliegos de prescripciones técnicas exigidos para gestionar ese servicio y que a la vez estuviera interesada en gestionarlo, lo que es un indicio más de que los pliegos, que marcaban condiciones muy concretas que sí cumplía la Asociación Berriztu, estaban claramente dirigidos a que fuera esa asociación la adjudicataria del concurso".
Para la regionalista, el Departamento de Derechos Sociales "tuvo que saber, y si no preguntar, si los requisitos de solvencia que exigía, o la excesiva concreción del local en el que prestar la atención, restringían de forma clara la competencia y las posibilidades de presentarse al concurso a empresas distintas a la asociación que asesoró para elaborar los pliegos".
En este sentido, ha explicado, "el artículo 47.1 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos, que era la vigente cuando se aprobó este pliego, señala que los pliegos de prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores y no podrán tener como efecto la creación de obstáculos injustificados a la libre competencia ente empresas; obstáculos que en este caso se han producido como demuestra el hecho de que, tras retirarse Berriztu de la carrera para conseguir la adjudicación, no haya habido ninguna otra a la que poder adjudicárselo".
En opinión de UPN, las explicaciones dadas por la Asociación Berriztu para no optar al concurso "no resultan en absoluto convincentes" y "parecen responder más a la circunstancia de que haya aparecido en prensa que los pliegos llevaban incluido su nombre y a la flagrante ilegalidad de este hecho en el caso de que se hubiera presentado".
"Además de esta presunta ilegalidad, el vicepresidente tendrá que explicar cómo piensa resolver la chapuza de gestión generada, en la que sacaba un concurso a toda prisa, después de tres años en el Gobierno, y para un periodo de tiempo muy corto, que encima se ha quedado desierto", ha subrayado.
"Todo ello sugiere una absoluta falta de previsión y de planificación, que es la que lleva acompañando la gestión del Departamento de Derechos Sociales toda la legislatura", ha aseverado la regionalista.
