UPN ha manifestado que “Bildu ha llevado de forma consciente a la quiebra al Ayuntamiento de Ulzama por su afán de acusar en falso a miembros de UPN”.
Los regionalistas han señalado que “la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pamplona ha confirmado la obligación del Ayuntamiento de Ultzama de indemnizar con 816.272 euros al concesionario de la planta de producción de biogás debido a la decisión de la exalcaldesa de Bildu, Arantza Martínez, en la pasada legislatura de proceder al precipitado cierre de las instalaciones”.
A este respecto, recuerdan que tal decisión se produjo “a sabiendas de que los informes del Consejo de Navarra señalaban su improcedencia”. “Unos informes que, además, advertían de las millonarias cantidades que habría de afrontar el Ayuntamiento de Ulzama en el caso de seguir adelante con sus pretensiones”, han recalcado.
Asimismo, destacan que “la propia exalcaldesa admitió ante la Comisión de Investigación, en una sesión celebrada el 2 de febrero de 2018, haber acordado la rescisión del contrato pese a las advertencias de las consecuencias jurídicas y económicas de tal decisión”.
Para UPN, “como se ha comprobado, los intereses de Bildu no coincidían con el interés general, sino con el ánimo de provocar una situación de abandono y caos en torno a la planta de biogás para acusar en falso a sus predecesores en la alcaldía, pertenecientes a la Agrupación ULzama y vinculados a UPN”.
EL PAPEL LLEVADO A CABO POR DOS CONSEJEROS DE BARKOS
Además, han recordado que, en torno a esta cuestión, “Bildu y Geroa Bai llevaron a cabo una campaña de desprestigio no solo contra estos gestores en el Ayuntamiento sino contra antiguos cargos de UPN en el Gobierno de Navarra”.
“Tras archivar la fiscalía judicialmente el supuesto caso sin constatar el mínimo indicio en las actuaciones, los entonces consejeros del Gobierno de Barkos, Isabel Elizalde, de Bildu, y Manu Ayerdi, de Geroa Bai, utilizaron los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra para interponer una querella contra los gestores de UPN, una querella carente de ninguna justificación que por dos veces fue inadmitida ante los tribunales”, relatan.
Por ello, concluyen que “las consecuencias de todo este montaje ideado para desprestigiar falsamente la actuación de personas de UPN las tiene que pagar ahora el Ayuntamiento de Ulzama, que ve comprometida su situación económica por muchos años debido a las millonarias indemnizaciones a las que ha de hacer frente”.
