Los servicios jurídicos trabajan ahora para tratar de retomar el control parlamentario de estos avales que podrían quedar nulos.
Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han elaborado un informe en el que sugieren que se dé "seguridad jurídica" a los avales que el Gobierno de Navarra ha concedido sin contar con la necesaria autorización del Parlamento foral.
Para ello, plantean la posibilidad de que el Gobierno de Navarra remita al Legislativo un proyecto de ley que recoja los avales y préstamos concedidos sin la oportuna autorización parlamentaria, lo que podría permitir "retomar el control parlamentario sobre las operaciones celebradas y aportar seguridad jurídica a los contratos".
La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento se han dado por enteradas de este informe que solicitaron el pasado 15 de enero, tras una comparecencia del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, quien explicó que en la legislatura pasada y en la presente Sodena (Sociedad de Desarrollo de Navarra) había concedido determinados avales y préstamos sin la autorización necesaria del Parlamento, al no haber aplicado un cambio normativo aprobado en 2014.
Los servicios jurídicos han analizado precisamente en su informe diversos aspectos relativos a la aplicación de ese cambio normativo que introdujo varias modificaciones en la ley foral de Hacienda Pública de Navarra.
El informe explica que el Amejoramiento del Fuero faculta al Gobierno de Navarra para constituir avales y garantías, previa autorización del Parlamento foral, si bien la ley de Hacienda Pública de Navarra circunscribe la participación del Legislativo a dos momentos diferentes; por una parte a la aprobación inicial de la ley presupuestaria anual, donde se fijan los límites por debajo de los cuales el Gobierno de Navarra o sus entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades públicas pueden materializar dichas operaciones sin necesidad de autorización parlamentaria alguna y por otra, a la aprobación singular y expresa mediante una nueva ley foral de las mencionadas operaciones cuando se sobrepase el 5% del riesgo vivo máximo fijado por la normativa presupuestaria.
Añade el informe jurídico en sus conclusiones que, "planteada la hipótesis" de que el Ejecutivo hubiese concedido avales o préstamos sin la autorización del Parlamento en los casos en los que era obligatorio, "su actuación estaría viciada por incompetencia, lo que podría conllevar la nulidad de los avales o préstamos concedidos". "No obstante, su apreciación resultaría condicionada por los límites derivados de la seguridad jurídica y la protección de los derechos de terceros", precisa.
Por otra parte, el informe señala que "la remisión de un proyecto de ley foral a la sede legislativa que incluyera los posibles avales y préstamos concedidos sin la oportuna autorización parlamentaria podría permitir por una parte, retomar el control parlamentario sobre las operaciones celebradas y por otra, aportar seguridad jurídica a los contratos privados ya formalizados con aquellos beneficiarios de la acción de fomento emprendida por el Ejecutivo foral".
El informe concluye que "la autorización expresa parlamentaria para posibilitar al Gobierno de Navarra la constitución de avales y garantías cuando se supera el 5% del riesgo vivo máximo se materializa en la aprobación de una ley foral cuya iniciativa queda restringida al Gobierno de Navarra".
