• lunes, 27 de septiembre de 2021
  • Actualizado 20:45

 

 
 

POLÍTICA

Los socios de Barkos, contra la Justicia: tachan de "sinrazón" la pena que pide la Fiscalía para los agresores de Alsasua

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han presentado un texto en el que manifiestan su "más rotunda discrepancia".

Miles de personas se manifiestan en Alsasua a favor del pueblo. PABLO LASAOSA07
Miles de personas se manifiestan en Alsasua a favor del pueblo. PABLO LASAOSA07

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han presentado una declaración conjunta en el Parlamento de Navarra en la que manifiestan su "más rotunda discrepancia" con la petición fiscal de 375 años de prisión para los encausados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua.

El cuatripartito considera que "este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables".

La declaración, que había sido presentada para su votación este miércoles en el Parlamento, finalmente no se ha debatido, dado que UPN y PPN han votado en contra de una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces del Parlamento al no haberse convocado con 24 horas de antelación. La declaración se debatirá en una próxima sesión, probablemente en septiembre.

En todo caso, el parlamentario de UPN, Carlos García Adanero, ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "vivimos en una democracia, existe la división de poderes, las instituciones tiene que hacer su trabajo y respetamos las decisiones judiciales". "Cuando uno se cree de verdad que vive en un Estado democrático se lo tiene que creer las 24 horas del día", ha indicado.

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que la petición del fiscal es "totalmente desproporcionada y la justicia tiene que ser proporcional y proporcionada". "Creemos que el delito que se cometió no entra dentro de lo que puede ser calificado como terrorismo y exigimos que estos actos sean juzgados en la Audiencia Provincial de Navarra", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que lo ocurrido en Alsasua es "una trifulca de bar" y ha considerado que no hay indicios "para que los hechos sean calificados de terrorismo". "Es una aberración y una barbaridad jurídica, no tiene sustento legal más allá del ánimo vengativo. Que haya un fiscal en la Audiencia Nacional para establecer estas condiciones de penas nos parece una auténtica barbaridad", ha dicho.

Por parte de Podemos, Mikel Buil también se ha mostrado en desacuerdo con la petición fiscal, aunque ha dicho que "ya sabíamos que esto podía suceder gracias a la reforma populista del Código Penal".

Además, ha dicho que la misma posición contraria a este procedimiento la tienen "el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, la Audiencia Provincial, el Parlamento de Navarra, cantidad de municipios y 51 europarlamentarios".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha preguntado al cuatripartito "dónde está la separación de poderes". "Bildu ha salido otra vez a criticar la decisión de la fiscalía, violando la separación de poderes. Algo de razón debería tener la Audiencia Nacional cuando decidió que el caso debería ser juzgado allí y juzgado por delito de terrorismo", ha indicado.

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha calificado de "exagerada, desmesurada y desproporcionada" la pena que pide el fiscal y ha afirmado que "no hay nada que justifique que estos jóvenes que participaron en esta pelea estén en estos momentos encarcelados, no hay nada que justifique la desproporcionada pena del Ministerio Fiscal, ni que justifique que el altercado se califique de terrorismo", ha dicho.

UNA "DESPROPORCIÓN NO COMPARTIDA" PARA EL GOBIERNO FORAL

El Gobierno de Navarra ha considerado una "desproporción" la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para los procesados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado mes de octubre en un bar de Alsasua.

La portavoz del Ejecutivo foral, María Solana, ha subrayado que el gabinete de Uxue Barkos "condena" los hechos, como lo hizo desde el primer momento, pero también como entonces "no lo entiende como delito de terrorismo" y por tanto ve en la postura del ministerio público una "desproporción no compartida".

El Gobierno de Navarra, ha dicho, "no comparte la decisión" de la Fiscalía de tipificar los hechos de terrorismo, "igual" que en su día la Audiencia Provincial "no vio concurrencia de indicios para calificar" así lo sucedido.

Solana ha subrayado que por estos motivos el Ejecutivo foral consideró y mantiene el criterio de que los procesados "deben ser juzgados en Pamplona" y ya ha puesto en marcha la petición planteada desde el Parlamento de Navarra mediante una declaración institucional.

En ella, ha recordado, el Legislativo instaba al Gobierno a interesarse ante el Ministerio del Interior por la situación de estos jóvenes y le pedía también que "reclamara el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación" que pesan sobre ellos.

"Esto se puso en marcha la semana pasada pero no ha habido retorno ni podemos dar ninguna información más" al espeto, ha concluido la portavoz. 


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