El Sindicato Unificado de Policía argumenta que aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados".
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha considerado "inadmisible" la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada por el Parlamento de Navarra y que ha sido publicada este martes en el BON, y ha afirmado que "esta ley es un intento de blanquear la historia", porque en la Comunidad foral "no hubo bandos, sino una banda terrorista".
"Aquí no hubo un conflicto ni una guerra, sino unos asesinos y unos asesinados. ETA no ha pedido perdón al conjunto de la sociedad navarra ni a buena parte de las víctimas, y fue derrotada por funcionarios públicos que esta ley intenta criminalizar", ha sostenido el sindicato.
La ley fue aprobada el 21 de marzo en el Parlamento foral con los votos a favor del cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE), la abstención del PSN y los votos en contra de UPN y PP, partidos que, según apunta el SUP, "dan por hecho que el Tribunal Constitucional volverá a tumbar esta norma". Como se recuerda, el Alto Tribunal anuló el pasado mes de julio gran parte de la ley del mismo título aprobada por el Parlamento navarro en el 2015.
Para el SUP, la ley aprobada por el cuatripartito "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución".
"Ya solo el título de la norma es por si ofensivo hacia los servidores públicos, como los que representa este sindicato", ha expuesto el SUP para criticar que la norma "criminaliza a la policía, hasta cuando no lo haya hecho el poder judicial".
Según ha indicado, "aunque el carácter de esta norma es solo administrativo y no punitivo, la comisión de expertos basará sus pronunciamientos en la recopilación de hechos, sin poder entrar en investigaciones". Y ha considerado "insultante" que "en el título de la norma, funcionarios públicos vaya detrás de grupos de extrema derecha, como si fueran a correlación los unos con los otros".
SIN CONDENAR LOS ATENTADOS DE ETA
Además, el SUP ha cuestionado que la ley hable de "sensibilización" poniendo en marcha ciclos, cursos, seminarios o congresos para "la reflexión de las vulneraciones de derechos humanos producidos de la violencia de motivación política", cuando EH Bildu "no ha condenado el terrorismo de la banda armada ETA o Podemos-Orain Bai no han condenado la agresión a los compañeros de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua".
También ha criticado el sindicato a Geroa Bai y "su pasividad con las víctimas del terrorismo etarra" y a un Gobierno foral que "en cuatro años no ha dado muestras de apoyo ni a las víctimas, ni a los funcionarios públicos destinados en esta comunidad".
"Estaría bien que tuvieran la misma iniciativa para la sensibilización con las víctimas de ETA, esa sensibilización que no tuvo el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de EH Bildu, que intentó por todos los medios impedir la celebración en la Sala de Armas de la Ciudadela de la exposición La victoria de la libertad, que recordaba a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas de ETA", ha indicado el SUP.
INTENTO DE REESCRIBIR EL RELATO DEL TERROR
También desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha criticado la ley foral, en la que la organización ve un intento de "reescribir el relato del terror, cambiando víctimas por verdugos".
Para esta entidad, la norma es "gemela" de la aprobada recientemente por el Parlamento vasco, y en ambos casos "buscan retorcer el relato del terrorismo en ambas comunidades autónomas, para presentar un escenario de conflicto en el que los verdugos se presenten como víctimas y viceversa".
Al respecto, señala que llama "especialmente la atención", en este caso, el enunciado "torticero" que da nombre a esta normativa aprobada en Navarra, donde, según denuncia, "se vincula la extrema derecha con los funcionarios públicos".
La AUGC sostiene que "en ambas comunidades todavía existe un extendido clima de odio hacia los guardias civiles y los policías nacionales, que impide la normalización de la vida de los agentes de ambos cuerpos y sus familias". Como ejemplo, alude a los insultos de un parlamentario de EH Bildu en la Cámara vasca contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Resulta del todo punto injusto, infame y descorazonador que los trabajadores de dos cuerpos de seguridad pública con cientos de compañeros asesinados por el terrorismo de ETA a lo largo de cuatro décadas tengan que seguir soportando insultos y amenazas en estos territorios, así como contemplar que sus gobiernos aprueban leyes que buscan distorsionar la realidad para amoldarla a un relato que justifique el terror implantado en sus sociedades durante tantos años", concluye.
UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES SE SUMA A LA PETICIÓN
Además, desde la Unión de Guardias CivilesGC ha solicitado al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral de "reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos".
Para la citada asociación profesional de guardias civiles, la ley se ha dictado "para burlar la sentencia del Tribunal Constitucional, aprobando una ley sustancialmente idéntica a la declarada inconstitucional, esperando no sea esta recurrida ante el Tribunal Constitucional, por el momento político en el que es aprobada".
Esta norma, añade, "pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución en su articulado".
