Navarra Suma ha afirmado este lunes que el departamento de Salud del Gobierno de Navarra compró en otoño de 2020 más de 560.000 mascarillas FFP2 a "un precio muy superior" al mercado, según la propia Intervención del Gobierno, cuando las mascarillas que fueron adquiridas por medio de la operación de Sodena ya estaban almacenadas.
La portavoz de Navarra Suma en materia de Salud, Cristina Ibarrola, y la portavoz en Derechos Sociales, Marta Álvarez, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que han señalado que el caso de Sodena ha mostrado "la negligencia, el descontrol y la incompetencia del Gobierno de Navarra, que ha conllevado pérdidas de dinero público, algo que en absoluto está justificado por un buen fondo de la operación".
Además, Cristina Ibarrola ha señalado que, "en otoño de 2020, mientras las mascarillas -de Sodena- se amontonaban en un almacén, el Servicio Navarro de Salud continuaba comprando mascarillas y lo hacía, según la Intervención, a un precio muy superior al precio de mercado".
Así, ha asegurado que Salud firmó un contrato para la compra de más de 560.000 mascarillas por 2,30 euros más IVA la unidad, "a mayor precio que los pedidos del acuerdo de Sodena". "Salud compró más de 560.000 mascarillas con un coste de 1,5 millones cuando meses antes había compradas 683.000 FFP2 que hoy siguen almacenadas sin utilizar", ha señalado.
La parlamentaria Marta Álvarez ha asegurado que "lo que estamos viendo es que estamos ante un Gobierno que considera que el dinero público no es de nadie y que está a su servicio para hacer lo que le venga en gana".
Por ello, Navarra Suma ha solicitado las comparecencias en el Parlamento foral de la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz; del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo; de la consejera de Salud, Santos Induráin, y del director general de Intervención. "Vamos a seguir indagando y preguntando y vamos a llegar hasta el final en la exigencia de responsabilidades", ha afirmado Álvarez.
Sobre la operación de Sodena, la parlamentaria ha añadido que "la consejera Elma Saiz debía saberlo, el consejero Mikel Irujo debía saberlo, la consejera Induráin debía saberlo, y la presidenta del Gobierno, como responsable del Gobierno y presidenta de la Corporación Pública Empresarial, también lo tenía que saber, porque es su responsabilidad, lo contrario solo denota una actitud negligente".
Cristina Ibarrola ha dedicado parte de su intervención ha abordar la compra de más de 560.000 mascarillas por parte de Salud en otoño de 2020. "Este contrato fue cuestionado por los controles técnicos de Intervención del Gobierno. Tenía un reparo suspensivo de la Intervención delegada que afirmaba que el precio de las mascarillas no estaba justificado y era muy superior al precio del mercado. Pero a pesar del precio fuera de mercado, el Gobierno justificó este contrato de emergencia por el interés en adquirir unas mascarillas FFP2 de producción nacional pendientes de validación, argumentando que las mascarillas provenientes de China tenían problemas de calidad y seguridad", ha señalado la parlamentaria.
A continuación, ha explicado que "las mascarillas comprometidas en el contrato no se llegaron a validar a tiempo y sin cambiar ni formalizar otro contrato, el Gobierno de Navarra terminó utilizando a la empresa como mera intermediaria, otra vez una intermediaria, para traer mascarillas chinas, las mismas mascarillas chinas que el Gobierno aseguraba que no cumplían los criterios de calidad y seguridad exigibles".
Cristina Ibarrola ha considerado que "la consejera de Economía y Hacienda no cumplió con su obligación, tapó lo que estaba ocurriendo y paralizó durante año y medio la elaboración del informe de Intervención General".
Posteriormente, según la parlamentaria, "el 9 de mayo de 2022 el director general de Intervención elaboró por fin el preceptivo informe, manteniendo el carácter suspensivo del reparo, es decir, se reafirma en el precio fuera de mercado y en la falta de justificación de la modificación de un contrato pensado para disponer de mascarillas fabricadas en España y que acaba siendo una intermediación para traer mascarillas de China".
Sin embargo, Ibarrola ha añadido que, "sorprendentemente, el mismo director general, órgano político de la Intervención General del Gobierno de Navarra, el mismo que mantuvo el reparo suspensivo a la tramitación de este contrato con su informe del 9 de mayo, cambia radicalmente de postura y firma un nuevo informe de intervención general con fecha 29 de junio de 2022 en el que, a pesar de reconocer abiertamente que no se aportan documentos justificativos adicionales, elimina la suspensión del reparo, y salva la cara a la actuación del Gobierno con este contrato".
Sobre la operación realizada por Sodena, Cristina Ibarrola ha afirmado que "quedan cuestiones en el aire que no han salido y que a nuestro entender son muy relevantes", por lo que Navarra Suma ya ha formulado preguntas y peticiones de información al Gobierno.
Por ejemplo, ha preguntado "por qué se realizaron pedidos por encima de las estimaciones realizadas de material necesario". Como ejemplo, según Ibarrola, "en mascarillas FFP2, se compraron 936.200, un 50% más que las que estimaron necesarias para los siguientes tres meses".
Por otro lado, la parlamentaria ha señalado que "tampoco nadie ha explicado ni justificado importantes diferencias en el precio unitario de las mascarillas compradas en un mismo periodo de tiempo en este acuerdo, diferencias de precio de hasta un 62% por mascarilla FFP2 entre los diferentes pedidos realizados (de 1,68 a 2,72 euros)".
También ha planteado Ibarrola "por qué se cesa a la directora gerente de Sodena no de forma inmediata, sino dos meses después de la elaboración del informe provisional del Servicio de Control Financiero Permanente y un mes después del informe definitivo que parece haber justificado el cese".
Por su parte, Marta Álvarez ha afirmado que con este contrato, el Gobierno foral, "con su presidenta a la cabeza, ha mentido y sigue mintiendo para tapar su responsabilidad". "Ha mentido el consejero Irujo cuando ha dicho que el proceso fue totalmente transparente. No es cierto. Se contó que se iba a hacer esta operación. Pero no se contó que Sodena asumía el riesgo, de forma que si no se vendían las mascarillas se perdía el dinero público adelantado, como así ha resultado finalmente", ha dicho.
Además, ha asegurado que "también ha mentido la presidenta en varias ocasiones". "Lo hizo al contestar a una pregunta escrita de NA+ en la que negaba que hubiera intermediarios que cobraran comisión por traer material de China. A la primera de cambio vemos que no era así porque en este acuerdo hay una comisión del 3,5%. No sabemos qué es peor, que nos mintiera ex profeso o que no supiera lo que se cocía en su Gobierno", ha dicho.
Según Álvarez, la presidenta "también ha mentido una vez que se ha conocido lo que ha pasado con el contrato de Sodena". "Dijo la presidenta la semana pasada cuando le preguntaron por qué Salud no se había quedado las mascarillas que sobraban, con la necesidad que había, que el departamento de Salud tenía su parte de ese excedente. Falso. Salud podía haberse quedado hasta el 10% del total de mascarillas compradas con este convenio y no compró ni una", ha afirmado.
Además, Álvarez ha rechazado que los órganos de control hayan funcionado. "Los procedimientos de control no han funcionado porque deben estar para evitar que se pierda dinero público y el dinero se ha perdido, y la presidenta demuestra que, o miente, o desconoce los procedimientos de control cuando dice que sólo se ha hecho control a posteriori porque es una sociedad pública", ha sostenido.
