La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este martes que la Comunidad foral ejecuta la nueva línea ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien "como consecuencia de que Navarra ostenta la competencia exclusiva en obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado", mientras que varios grupos han cuestionado que sea un proyecto que deba asumir la Comunidad económicamente.
En una comparecencia parlamentaria, a petición de Navarra Suma, Chivite ha manifestado que la nueva línea ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien, para la que se ha firmado un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif y el Gobierno de Navarra, con un coste de 40 millones, es "una infraestructura que, sin duda, va a contribuir al desarrollo económico de nuestra Comunidad".
De esta forma, Navarra costeará los 40 millones de euros de la obra para sacar la vía ferroviaria del polígono de Landaben porque “contribuirá al desarrollo” de la Comunidad al permitir la ampliación de las factorías, especialmente de Volkswagen, y con ello la “competitividad, sostenibilidad y conectividad” de las industrias.
Lo ha confirmado la presidenta el Gobierno, María Chivite, en el Parlamento foral, donde ha explicado el acuerdo firmado el 29 de diciembre con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y con los responsables de Adif para construir una variante ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien, cuatro kilómetros que sacarán de la factoría de Volkswagen la vía actual y cuya obra asume Navarra, aunque posteriormente se integrará en la red convencional de tráfico ferroviario.
Todo ello, ha dicho Chivite, permite acelerar la liberación de terreno para ampliar las factorías, especialmente la de Volkswagen con sus proyectos de electrificación del automóvil, además de evidenciar que Navarra ostenta la competencia en obras públicas que no afecten al interés general del Estado.
También, se da solución a una demanda de décadas que “hasta ahora ningún gobierno había resuelto, pese a que era imprescindible para que la industria avance y disponga de una herramienta fundamental”.
Ha defendido que, con esta solución, su gobierno avanza además en tres objetivos que son “la competitividad, la sostenibilidad y la conectividad” en beneficio de la industria navarra y de la propia Comunidad foral, que sigue la senda de la ‘economía verde’ que compromete a Europa (el uso de vehículos menos contaminantes como el tren) y aprovecha uno de los 9 corredores ferroviarios europeos para dar salida a las mercancías.
En cuanto al contenido del acuerdo con el Gobierno estatal y con Adif, permite “ser más rápido en la ejecución de la infraestructura” al asumir Navarra su ejecución, y plantea la modificación de su uso para permitir temporalmente que puedan viajar personas mientras no se elimine bucle ferroviario de la comarca de Pamplona, una obra pendiente de la llegada de la Alta Velocidad.
Sobre esto, y dadas las dudas planteadas por Geroa Bai sobre el ancho de vía de esta variante, Chivite ha señalado que “lo importante es la plataforma, que será compatible con ambos anchos de vía" (la ibérica y la europea de alta velocidad).
Con todo ello, y tras aludir a los “incumplimientos e inacción” que ha conllevado que en varias décadas de debate aún no se hay eliminado el bucle ferroviario en Pamplona, ha defendido que su Gobierno “trabaja, plantea soluciones a problemas heredados de 20 años, y lo hace de forma urgente”, ha dicho para criticar especialmente la intervención “asombrosa a la par que ridícula” del portavoz de Navarra Suma.
Este, Javier Esparza, ha acusado a Chivite de “ser cómplice de un ilegítimo desvío de fondos” en un acuerdo que es “un engaño a la ciudadanía” porque “aumenta el recorrido” de la vía, consolida el apeadero de San Jorge”, hace que los navarros costeen 40 millones que debería pagar el Estado, que se invierten en construir 3,5 kilómetros de vía cuando eliminar el bucle tan solo es el doble, ha dicho tras señalar que con ello “los navarros hacemos el primo”.
Con muy diferente tono, el socialista Ramón Alzórriz ha defendido la “muy buena noticia” de este acuerdo con “coordinación, cooperación y avances para Navarra”, por lo que ha considerad que en Navarra Suma “son incapaces de aceptar las buenas noticias, incluso las que saben que revierten en el futuro de Navarra”.
Uxue Barkos (Geroa Bai) ha dicho “compartir absolutamente” que el proyecto firmado es “imprescindible para el desarrollo industrial” de Navarra, que parte de “una situación absolutamente lamentable en el transporte de mercancías por tren, aunque ha exigido a los grupos unidad a la hora de pedir al Estado que asuma sus “obligaciones en materia de inversiones”.
Aún más contundente ha sido por EH Bildu Maiorga Remirez, para quien un buen acuerdo depende de su coste, ha dicho tras considerar en este caso que “no tiene ningún sentido económico ni político asumir el coste de 40 millones para el uso de Adif y además pagar los terrenos que queden libres para poder después utilizarlos en materia industrial”.
Asimismo, Marisa De Simón (I-E) ha apoyado el objetivo de este acuerdo, por entender necesaria urgente la actuación que beneficia al tejido industrial de Navarra, pero ha considerado que es el estado el que debe financiarla porque es “una obra de interés general”, según consta en todos los informes.
