Igual que el año pasado, se incluye en el apartado del programa de fiestas organizado por los “organismos populares”.
El año pasado, el alcalde de Burlada, Txema Noval, tuvo que acudir a la Audiencia Nacional para explicar la inclusión del brindis por los presos de ETA en el programa de fiestas de la localidad, dentro del apartado de los actos organizados por los denominados “organismos populares”. El caso fue archivado.
Este año, para evitarse el viaje a Madrid lo que se ha hecho ha sido eliminar la palabra “brindis”. De esta forma, el día 14 a las 13 horas lo que se celebrará, convocado por los “organismos populares” será un “l@s queremos en casa”, eufemismo con el que ahora se hace mención a los presos de ETA que permanecen en la cárcel. Al no haber “brindis” escrito de forma expresa pretenden evitar que se considere “homenaje o ensalzamiento” del terrorismo o de quienes han practicado el terrorismo. Eso sí, ese mismo día, una hora después, se celebrará una “Comida popular L@s queremos en casa”.
Para dejar clara la separación institucional de los actos oficiales con los organizados por los “organismos populares”, la página oficial cuenta con el logotipo de la Casa de Cultura de Burlada mientras que la página donde se encuentran los actos “populares” no tiene ninguna significación municipal.
El año pasado el alcalde alegó que el Ayuntamiento no organizaba ni subvencionaba los actos de los “organismos populares”. Sin embargo, sí les deja espacio en el folleto del programa municipal de fiestas y les concede los permisos pertinentes para situar las txoznas donde, por ejemplo, se celebrará la comida por los presos.
El brindis del año pasado no es el único incidente en lo que llevamos de legislatura por el que ha tenido que declarar el alcalde de Burlada, Txema Noval, perteneciente a la plataforma Cambiando Burlada, en la que se incluyeron personas de Geroa Bai, formación con la que Noval ya fue concejal, y Podemos. El pasado 19 de abril ya tuvo que prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía Nacional por dar autorización para pintar la palabra Tortura de forma tachada en un edificio municipal. En aquella ocasión fueron detenidas ocho personas por un presunto delito de injurias.
