POLÍTICA

PSN insiste en que el Gobierno de Navarra no reparte de forma equitativa su publicidad entre los medios de comunicación

La consejera Ana Ollo asegura que se contemplan opciones como la "pluralidad política y lingüística", entre otros criterios.

Guzmán Garmendia (PSN) en una Comisión de Desarrollo Económico. IÑIGO ALZUGARAY.
Guzmán Garmendia (PSN) en una Comisión de Desarrollo Económico. IÑIGO ALZUGARAY.  

La publicidad institucional del Gobierno de Navarra no se reparte de forma equitativa a través de los nuevos medios. Es la principal conclusión que se extrae de la pregunta formulada por el parlamentario del PSN, Guzmán Garmendia, a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo.

Al parecer, los criterios que sigue el Ejecutivo foral se ciñen a una orden foral de 2003 y a ley de Publicidad y Comunicación de 2005 que regula la publicidad institucional cuando aún los medios de comunicación digitales no estaban tan desarrollados como ahora.

Ollo ha asegurado que, además de la difusión, “también se contemplan otras opciones como el público, la pluralidad política y lingüística, los índices de penetración o la territoriales”.

Por su parte, Garmendia ha recriminado a la consejera Ollo que “no escucha al Parlamento ni a la gente porque, la mayoría, se han ido de los medios tradicionales”.

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha insistido en que “ninguna forma de medir las audiencias es exacta”. El Gobierno utiliza desde hace 20 años el Estudio General de Medios, elaborado por CIES, para conseguir información a través de mil entrevistas que realiza en sus dos oleadas, marzo y octubre.

En opinión del parlamentario socialista, el Gobierno de Navarra "no está siendo transparente" en este aspecto y denuncia la puesta en marcha de campañas publicitarias “en medios que no se encuentran en el CIES” y por los que “se ha pagado 4.000 euros por un banner”.

Además, Garmendia ha añadido que los medios de comunicación, “incluso los más afines” están “cabreados” con el Departamento y ha pedido que se contemple la posibilidad de repartir la publicidad institucional usando una fórmula que permita tener en cuenta a “los usuarios únicos, la cobertura, el empleo y la economía que genera, la aportación de la empresa en materia fiscal o la aportación social”.


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