La moción da respuesta a los deseos de las asociaciones de familiares y apoyo a los presos Etxerat y Sare, que han estado presentes en la tribuna.
El pleno del Parlamento foral ha aprobado este una moción que insta a las autoridades a aplicar "la legislación vigente" para que los presos etarras gravemente enfermos "puedan ser excarcelados o se les puedan aplicar las medidas atenuantes oportunas".
La moción había sido presentada de forma conjunta por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, que han votado a favor, y a quienes se a sumado finalmente PSN frente al rechazo de UPN y PPN.
Durante su debate, han estado presentes en la tribuna de invitados miembros del Foro Social, las asociaciones de familiares y apoyo a los presos Etxerat y Sare, así como el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, quienes cifran en tres los encarcelados navarros que, por su estado, deberían abandonar la cárcel.
Con esta propuesta, según el texto, la Cámara "apoya los principios inspiradores de la legislación vigente estatal e internacional relativa a la revisión, por razones humanitarias, de las condenas de las personas presas que, de acuerdo a informes médicos contrastados, estén gravemente enfermas con pronóstico de vida limitado o con padecimientos incurables".
FALLECIMIENTO PREDECIBLE
El Parlamento expresa también su "rechazo" a la interpretación de la legis/lación del Ministerio del Interior, "que sólo prevé la excarcelación si el fallecimiento es predecible, con razonable certeza, en el plazo de dos meses".
La Cámara pide además que se elabore "un protocolo claro" para que la administración penitenciaria "pueda solicitar, a instancias del penado, formas de prisión atenuada por motivos humanitarios".
También reclama "una mejora sustantiva del equipamiento de las unidades médicas" en las prisiones y que se amplíe la oferta de programas de desintoxicación a las personas presas.
"NO CREEMOS EN LA VENGANZA, SÍ EN LA JUSTICIA"
La parlamentaria de IE Marisa de Simón ha denunciado que alrededor de cien personas mueren al año en las cárceles españolas "sabiendo que van a morir", hecho que ha calificado como "una crueldad".
"Hay muchísimas denuncias contrastadas sobre el incumplimiento o la puesta de trabas en el derecho a la salud de estas personas presas, en la medida en que no reciben la atención sanitaria pertinente en la misma media que el resto de personas", ha afirmado.
El regionalista Iñaki Iriarte ha destacado que los "motivos humanitarios contaron muy poco para estas personas a la hora de cometer los actos que les llevaron a prisión", aunque ha reconocido que ello no significa que haya que "pagarles con la misma moneda". "No creemos en la venganza, pero sí en el derecho a la justicia", ha aclarado.
El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha reivindicado el "derecho constitucional" a la protección de la salud. "Todo condenado que sufra una enfermedad grave e incurable, conceptos poco o nada objetivos, tiene el derecho fundamental a que la resolución en la que se niegue o permita su excarcelación sea suficientemente razonada y fundada", ha asegurado antes de aportar por una justicia "humana, no vengativa".
La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha advertido de que "la condición de preso no puede retirar a nadie sus derechos como persona". "Toda persona, esté o no encarcelada, tiene el derecho a la dignidad y a la salud -ha aseverado-, y en el caso más grave, también a una muerte digna".
LA SALUD DE LOS VERDUGOS
En nombre de Podemos, Laura Pérez ha considerado que "más allá" del delito cometido, "tanto esas personas como sus familiares no merecen que no puedan estar cerca de ellos en este proceso final", mientras que la socialista Inma Jurío ha asegurado que todo preso "tiene derecho a que sus enfermedades puedan ser sufridas con dignidad".
Finalmente, la portavoz popular, Ana Beltrán, ha denunciado que los grupos proponentes están "más preocupados por la salud de los que mataron que por sus víctimas".
Al acabar el debate de la moción, el exconsejero Azkarraga ha afirmado ante los periodistas que la de hoy ha sido "la primera vez que, en un Parlamento de Navarra, un elemento tan crucial como la petición de libertad de presos gravemente enfermos se sustancia con un resultado tan interesante".
Tras apuntar que no se trata de "política" sino de "humanidad, dignidad y legalidad", ha asegurado que la normativa española recoge que "todo preso gravemente enfermo tiene derecho a cumplir de manera atenuada su condena en libertad, en su domicilio o donde fuere, pero tiene que ser atendido fuera de los muros de la prisión".
"No estamos pidiendo nada que no esté en la legalidad interna y europea -ha reivindicado-, estamos pidiendo que cumplan la ley".
