El PPN alerta de la inseguridad jurídica de la ley de víctimas de la violencia policial tras el último informe de los servicios jurídicos del Parlamento.
La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha alertado este martes de la “inseguridad jurídica” de la última propuesta del cuatripartito sobre la llamada “Ley de víctimas de la violencia policial”, de la que ha dicho que es “una nueva muestra de sectarismo del nacionalismo y de la ultraizquierda” contra las fuerzas de Seguridad del Estado.
Beltrán se ha preguntado qué votará Uxue Barkos cuando la ley siga su trámite parlamentario, pese a que los servicios jurídicos del Parlamento foral han alertado de que tiene claros visos de inconstitucionalidad.
Para Beltrán, “el informe de los letrados del Parlamento demuestra que el cuatripartito trata de interferir en la labor de la Justicia, creando una Comisión que llaman de Reconocimiento y Reparación, pero que no es otra cosa que una especie de justicia paralela”.
Según la presidenta de los populares, “esa es la intención última del cuatripartito: crear tribunales políticos contra las fuerzas de seguridad, tribunales frentepopulistas que condenen desde su sectarismo y no desde el Código Penal”.
Un intento que a Ana Beltrán le despierta “la máxima preocupación, porque con esto se tratan de arrojar sombras de sospecha sobre un pilar tan básico de una sociedad democrática como son sus agentes de la autoridad”.
“No extraña, en cualquier caso, que el cuatripartito de nacionalistas y ultraizquierdistas trasnochados pretendan estos tribunales paralelos, cuando una de sus obsesiones esta legislatura ha sido hacerles la vida imposible a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil”.
EN LA MISMA LÍNEA
En ese sentido, Beltrán ha asegurado que “todas las piezas de ese cuatripartito trabajan en la misma línea, cada uno a su manera: unos, diciendo que quieren que la Guardia Civil se vaya; otros, forzando a que Tráfico sea asumido por la Policía Foral; los de más allá, jaleando a quienes agreden en Alsasua a miembros de la Benemérita; y todos unidos, con una ley como esta, que es un disparate”.
En opinión de Beltrán, esta ley va a ser, además, “aprovechada por el cuatripartito para mostrarse como agraviados por el Estado. Buscan de nuevo la confrontación con la Justicia, intentando sacar adelante leyes que van contra la propia legalidad, para luego hablar de imposiciones de otros”. “Los maestros del sectarismo y la imposición tratan de lavar su cara con jugadas de este tipo”, ha señalado.
Buscando ese “supuesto agravio”, Beltrán tiene claro que el cuatripartito seguirá adelante con la tramitación de la ley, pese a los informes jurídicos que alertan de su posible inconstitucionalidad.
Ante eso, la presidenta del PP en Navarra ha conminado a Uxue Barkos a que deje claro cuál será el sentido de su voto: “¿Votará la presidenta de todos los navarros a favor de una ley que es más que posible que sea inconstitucional? ¿Votará a favor de un texto previsiblemente inconstitucional sabiendo que puede serlo? Nos parece profundamente grave”, ha concluido Ana Beltrán, que ha anunciado que pedirá la comparecencia de Barkos en el Parlamento para que explique su posición.
BILDU APUESTA POR SEGUIR ADELANTE
EH Bildu, por su parte, ha apostado por "seguir adelante" con la tramitación de la proposición de la ley con "el texto acordado y registrado" por los cuatros socios de Gobierno de Navarra.
En un comunicado, la coalición ha expresado su "disconformidad" con las conclusiones del informe jurídico emitido por los servicios del parlamento, que ve riesgo de inconstitucionalidad en la nueva ley presentada.
En opinión de EH Bildu, "el informe se extralimita en sus valoraciones e interpreta la restrictiva sentencia del Tribunal Constitucional mediante la que se derogó casi en su totalidad la ley anterior de una manera incluso más restrictiva, entrando incluso a valorar la prescripción de posibles delitos, competencia exclusiva de los jueces".
Para EH Bildu, "las modificaciones introducidas en la nueva proposición de ley foral, a las que el informe jurídico no presta la debida atención, la dotan de seguridad jurídica suficiente". Y ha afirmado que "el nuevo texto adopta cautelas tales como la referencia a la subsidiariedad de los procesos administrativos que recoge la norma respecto del ámbito penal, alude a las garantías de terceras personas y expresa textualmente la ausencia de finalidad punitiva y la sujeción al deber de abstención sobre los pronunciamientos judiciales".
DERECHO A LA VERDAD
Además, ha señalado que "la proposición de ley foral plantea que el reconocimiento y reparación de estas víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos deben estar basados en el establecimiento de un nexo causal entre unos hechos acreditados y unas consecuencias dolosas para determinadas personas, tal como establece la propia sentencia del TC, sin entrar a valorar los posibles delitos o responsabilidades derivadas de dichos actos".
A juicio de la coalición, el texto presentado es "insuficiente para garantizar el derecho a la verdad de estas personas, condicionado y lastrado absolutamente por los obstáculos que planteaba el Tribunal Constitucional, que dejaba en el más absoluto desamparo a estas personas".
Por ello, ha considerado que "si además lleváramos a efecto las modificaciones que proponen los servicios jurídicos, estaríamos abundando en una visión todavía más restrictiva y negando, de facto, la posibilidad de tramitar multitud de expedientes".
