• lunes, 21 de junio de 2021
  • Actualizado 11:29

 

 
 

POLÍTICA

NA+ denuncia al Gobierno: el "oscurantismo" de Chivite acaba en los tribunales

Navarra Suma va a interponer dos recursos especiales de protección de derechos fundamentales ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

María Chivite y Javier Esparza acceden al Parlamento. PABLO LASAOSA
María Chivite y Javier Esparza acceden al Parlamento. PABLO LASAOSA

Navarra Suma va a interponer dos recursos especiales de protección de derechos fundamentales ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ante "el oscurantismo y la falta de transparencia" del Gobierno foral "con la sociedad en general y el Parlamento de Navarra en particular".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la parlamentaria de la coalición Marta Álvarez, quien ha explicado que estos recursos se basan en la "vulneración" del derecho a la "plena participación política", recogido en la Constitución, al "negarnos -el Ejecutivo foral- información básica que necesitamos para hacer nuestra labor de control al Gobierno".

Álvarez ha detallado que se van a recurrir "dos denegaciones de petición de información" relativas a los proyectos Next Generation y sobre el procedimiento de gestión de los excedentes de vacunas al inicio del procedimiento de vacunación. Según ha explicado, la sentencia a estos recursos se podría conocer en otoño ya que, al ser un procedimiento especial, los plazos son "muy cortos". En caso de que los fallos fueran favorables, ha destacado, "es obligación inmediata" facilitar la información solicitada.

La parlamentaria de NA+ ha considerado que "no es de recibo lo que está ocurriendo esta legislatura con el acceso a la información" y ha subrayado que "es obligación del Gobierno ser transparente" y "tiene que saber que en un sistema democrático la oposición controla al Gobierno".

Marta Álvarez ha criticado que el actual Gobierno de María Chivite "ha establecido como modus operandi ocultar información a Navarra Suma en todo aquello que creen que les puede perjudicar; retrasándola para que se conozca cuando al Gobierno le interesa, troceándola o directamente escondiéndola para que no salga a la luz". En este sentido, ha puesto como ejemplo las peticiones de información sobre el coste de la "macroestructura" del Ejecutivo, el número de camas UCI durante la pandemia o el destino de los respiradores que se compraron en Turquía.

Según los datos de NA+, desde el inicio de la legislatura hasta el 31 de mayo de este año, ha habido 209 peticiones de información de la coalición que "han tenido que ser reiteradas", en ocasiones "hasta dos y tres veces", al no ser contestadas en el plazo de 20 días hábiles marcado por el reglamento del Parlamento, y en otras 204 peticiones "no nos ha contestado nada o no ha contestado a lo que se le pedía".

Así, Álvarez ha destacado que, de las 1.764 peticiones de información realizadas por la coalición, en "una de cada cuatro ocasiones, el Gobierno de Navarra y sus consejeros no han cumplido con su obligación de informar a los parlamentarios de lo que hacen". Santos Induráin, Mª Carmen Maeztu, Eduardo Santos y Javier Remírez serían los consejeros que acumulan "más incumplimientos del reglamento del Parlamento".

Según ha explicado, NA+ ha solicitado amparo al presidente del Parlamento en tres ocasiones y ha solicitado informes jurídicos a la Cámara foral. Y, ante el "caso omiso" del Ejecutivo, decidió acudir al Consejo de Transparencia, "algo que nunca se había hecho".

Álvarez ha señalado que la coalición está "en general satisfecha" con la respuesta del Consejo de Transparencia al entender que "da un tirón de orejas al Gobierno recordándole que ser transparente no es una opción sino una obligación". Así, ha destacado que el informe de esta entidad "reconoce nuestro derecho a acudir a este órgano ante la falta de respuesta del Gobierno a peticiones de información".

Igualmente, ha valorado que acepta "nuestra tesis de que, con independencia de quien sea el autor de un documento, si el Ejecutivo lo tiene le corresponde facilitarlo a los grupos", en casos como las actas del Consejo Interterritorial de Salud; y reconoce que el Gobierno "no puede esconderse en que un documento no es definitivo para no dárselo a la oposición".

Por el contrario, ha señalado que no comparte de este informe que se haga una "distinción entre la posibilidad de facilitar información cuando es un acto administrativo y no cuando es un acto político".

A pesar del informe del Consejo de Transparencia, Álvarez ha opinado que "no vemos un cambio" en el Ejecutivo foral porque "se siguen escudando en todos los motivos imaginables".


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