El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, una moción por la que se insta al Gobierno foral a "comprometerse a colaborar con entidades locales, sociales y de todo tipo para la puesta en marcha de los procesos de integración social plena de los menores en desprotección".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento de Navarra emplaza al Ejecutivo foral a "seguir desarrollando los programas necesarios para la plena integración de estos menores".
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Legislativo foral "rechaza y condena toda actitud racista, xenófoba y que busque la criminalización de los menores en desprotección".
Asimismo, se exhorta al Gobierno de España a "tomar las medidas necesarias para una distribución ordenada y equilibrada de estos menores entre todas las comunidades autónomas, así como a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Integración".
Por último, se compele al Gobierno de Navarra a "desarrollar programas y proyectos suficientes para garantizar su adecuada valoración, su alojamiento en el recurso más idóneo, su manutención, su formación y la realización de actividades de ocio, con el fin de lograr la inclusión plena de estos menores".
Este epígrafe ha sido agregado a instancias de Navarra Suma, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por Izquierda-Ezkerra, titular de la iniciativa.
En la exposición de motivos, la resolución se remite al Informe del Defensor del Pueblo de 2018 para, tras advertir que la llegada de menores extranjeros no acompañados "hace tiempo que dejó de ser un fenómeno puntual", subrayar la "extrema vulnerabilidad que, en razón de su edad y su origen, acompaña a estas personas, a quienes las fuerzas políticas de extrema derecha y otros grupos con discursos racistas y xenófobos están criminalizando con falsas y graves acusaciones", según I-E.
En ese marco, se previene sobre "las graves consecuencias que acarrearía el abandono institucional de estos menores", un proceder que, además de "ilegal y contrario la convención de los derechos del niño y la niña", podría derivar en "conductas disruptivas derivadas de la exclusión social extrema" a la que se verían abocados.
