El pleno de Parlamento de Navarra, que ha recordado a fallecidos y enfermos, y agradecido la labor de los distintos profesionales, ha aprobado por unanimidad, a pesar de algunas críticas al Gobierno, tres proyectos de ley por 51 millones de euros para medidas extraordinarias con las que paliar la crisis del coronavirus.
En defensa de los tres proyectos, el vicepresidente Javier Remírez, que ha sustituido a la titular de Economía y Hacienda, con COVID-19, ha calificado la situación de "trágica y excepcional" y asegurado que se está actuando "con responsabilidad" y "poniendo todos los recursos al servicio de la protección de la salud".
"Un plan que está funcionando", ha dicho, y subrayado que se mantiene la capacidad de atención sanitaria mientras se afronta la emergencia en residencias de ancianos, con mil PCR realizados, se dota de material sanitario y de protección, punto en el que ha agradecido las donaciones, y se abordan medidas en vivienda, menores, educación, victimas de violencia machista, familias, pymes o autónomos.
Medidas que ayudan a las personas más vulnerables "porque no podemos cometer errores de crisis pasadas", ha dicho, y defendido la información que ofrece el Gobierno y la sujeción a la legalidad de sus decisiones, al tiempo que ha pedido "consenso" para actuar con "responsabilidad y corresponsabilidad", para lo que ha tendido la mano a los grupos.
Se trata de tres proyectos para financiar medidas "indispensables" frente al coronavirus, ha señalado el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza. que sin embargo ha criticado "la autocomplacencia" del Gobierno cuando "no hay ningún tipo de anticipación y seguimos sin solucionar problemas de hace tres semanas", lo que "no está generando confianza".
Ha cuestionado además la "falta de transparencia" del Ejecutivo y de "liderazgo" de la presidenta María Chivite, y la actuación del Gobierno con asuntos como el material sanitario, con menos pruebas PCR que comunidades con menos población que Navarra, el retraso en los test y la falta de equipos de protección en las residencias de mayores, y la indefinición sobre el uso de mascarilla.
"Necesitamos también que la liquidez llegue a las empresas", ha aseverado Esparza, que ha asegurado que sin embargo hace dos días había entidades financiera que no habían recibido aún información al respecto, y ha reclamado un plan que "dé certidumbre" a la económica y sirva para apoyar el empleo.
Por el PSN, Ramón Alzórriz, ha valorado las medidas tomadas, "las que reclama la ciudadanía y son urgentes", y ha acusado a Esparza de ser "un mal árbitro" porque "ve las jugadas y se sigue equivocando", por lo que ha apostado por mirar al futuro "juntos y unidos", por la coordinación "imprescindible" y por "la solidaridad para profundizar en la salida de la crisis".
Y ha precisado que los 51 millones son para paliar problemas en el ámbito sanitario como material de protección y adecuación de espacios, y atender cuestiones como la digitalización de la administración para el teletrabajo, la contratación de personal, la liquidez para pymes y autónomos o la renta básica, por lo que ha pedido "lealtad".
Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, ha valorado que el plan en materia sanitaria esté funcionando "y remar en la misma dirección" debe ser también a su juicio labor del Parlamento, mientras se trabaja además en las consecuencias sociales y económicas de la crisis, y para ello los 51 millones y la autorización para adaptar partidas presupuestarias a las necesidades.
"¿Y cómo vamos salir de esta?", se ha preguntado, y recordado que había un remanente de 144 millones de euros en febrero de los que quedan 24 con las medidas ya tomadas y las de hoy, por lo que ha pedido a todos "responsabilidad" con las iniciativas ante "cierta precipitación" en algunas de la oposición.
Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha considerado que con las medidas del Gobierno español "de facto ha desaparecido la ley de estabilidad presupuestaria" y lo mismo debería servir para el resto de administraciones, porque "la solución a esta crisis no puede ser como en 2008".
Por ello ha pedido financiación para medidas "equitativas", advertido de que persisten necesidades sanitarias y en los servicios sociales y reclamado la revisión de oficio de la renta garantizada, un "trance más llevadero" en fallecimientos, analizar el autoabastecimiento de PCR y mascarillas reutilizables, y un seguimiento de la desescalada laboral.
Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que "el momento debería llamar a la unión y la solidaridad", y a "un liderazgo empático", apostado por medidas "absolutamente necesarias" como las de este pleno o la renta garantizada, lamentado que no se haga una regularización masiva migrantes y advertido de que la salida escalonada generará "malestares".
Por I-E, Marisa de Simón, ha subrayado que es importante la respuesta sanitaria pero también un empleo de calidad, el estado del bienestar y la economía de las familias, por lo que, con una probable contracción fiscal, ha apostado por un control de los ERTEs y por "una recuperación basada en un reparto de costes y esfuerzos" de una forma "justa".
