POLÍTICA

Navarra endurece sus normas ambientales y anuncia sanciones a las empresas: "Quien contamina, paga"

El texto establece los controles administrativos ambientales previos a la instalación y puesta en marcha de instalaciones, proyectos y actividades.

Una fábrica lanza humo durante su funcionamiento. ONU.
Una fábrica lanza humo durante su funcionamiento. ONU.  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un proyecto de ley foral para regular las actividades con incidencia ambiental.

Se trata, ha dicho en conferencia de prensa la consejera Itziar Gómez, de prevenir y reducir impactos en el medio ambiente, al tiempo que se sustituye la ley anterior, de 2005, de Intervención para la Protección Ambiental.

El texto establece los controles administrativos ambientales previos a la instalación y puesta en marcha de instalaciones, proyectos y actividades que pueden producir molestias, alterar las condiciones del medio ambiente o generar un riesgo de afecciones al mismo.

A juicio del Gobierno era ya necesario actualizar la ley de 2005 para adaptarla la nuevo marco jurídico europeo y estatal , más exigente que la normativa navarra en vigor en cuanto a la protección de las personas y el planeta, y también para con las nuevas actividades económicas y sus posibles nuevos impactos medioambientales.

En ese sentido, la consejera ha subrayado que casi quince años después de aprobada la cita de ley de Intervención para la Protección Ambiental era preciso "reconfigurar el sistema de autorizaciones ambientales en Navarra para hacerlo ágil y facilitar los procedimientos en un momento en el que se considera además prioritario reforzar las exigencias con el medio ambiente".

De ahí que con este proyecto de ley, que ahora el Gobierno remitirá al Parlamento, se pretenda prevenir y reducir la contaminación y el impacto ambiental sobre la atmósfera, el agua, el suelo, el paisaje y el medio natural que pueden causar determinadas actividades tanto públicas como privadas.

Al respecto Itziar Gómez ha añadido que "los principios de prevención, de precaución o cautela, de quien contamina paga y de economía circular" son los que deben guiar la actuación de las administraciones públicas en materia de intervención medio ambiental, junto con los de "reparación o corrección de los impactos ambientales" y de "participación".

Y con estas premisas, y para "ganar en eficacia y agilidad en las tramitaciones", el proyecto de ley elimina duplicidades en los procedimientos y establece un trámite más senciloa.

Así para las entidades locales, donde se desarrollan las actividades objeto del proyecto, se simplifica el trabajo de trámite y gestión, y se establece que los ayuntamientos solo darán las correspondientes licencias de actividad clasificada para las que no requieran ningún informe previo del departamento de Medio Ambiente.

En el caso de aquellas actividades que sí necesiten de algún tipo de informe, será el propio departamento el que conceda la autorización (autorización ambiental unificada) y el que se encargue de su seguimiento y control.

Además, para garantizar el ejercicio del control y seguimiento del cumplimiento de la normativa, así como para asegurar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de las empresas, se fija que de manera compartida con las administraciones se concederán las autorizaciones o licencias en los plazos establecidos.

El ámbito de aplicación del proyecto se concreta en los anexos, donde se determina qué proyectos, instalaciones, actuaciones y actividades deberán solicita la autorización ambiental unificada o la licencia municipal de actividad clasificada en determinados grupos de actividad.

Estos grupos son instalaciones de combustión o energéticas, producción y transformación de metales, industrias mineras, industria química, gestión de residuos, la industria del papel, el cartón y la derivada de la madera, la industria del textil y el calzado y al industria del cuero.

La nueva normativa también afecta a las industrias agroalimentarias, explotaciones agrarias, consumo de disolventes orgánicos, industria de la conservación de la madera, tratamiento de aguas residuales, captura de CO2, artes gráficas, instalaciones de almacenamiento y actividades comerciales y de servicios.

El proyecto de ley ha sido elaborado recogiendo las aportaciones y sugerencias planteadas por los sectores sociales implicados en la materia y los distintos departamentos del Gobierno. 


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