POLÍTICA

Podemos sigue preocupado por los delincuentes: el diputado navarro Eduardo Santos pide más recursos para los presos

La visita de Santos a la cárcel de Logroño forma parte de una ronda que el diputado está haciendo para conocer las prisiones y su funcionamiento.

Ione Belarra y Eduardo Santos, diputados electos de Podemos. ALZUGARAY
Ione Belarra y Eduardo Santos, diputados electos de Podemos. ALZUGARAY  

Podemos ha pedido la ampliación de la plantilla de funcionarios de la cárcel de Logroño y la organización de talleres formativos para favorecer la reinserción laboral y social de los presos.

Los diputados nacionales de Podemos por Navarra, Eduardo Santos, y por La Rioja, Sara Carreño, han visitado el centro penitenciario de Logroño, dentro de una ronda para conocer las diferentes prisiones y comprobar su funcionamiento y su adecuación.

En declaraciones a los periodistas tras esta visita, Santos, como miembro de la Comisión de Interior, ha apuntado que uno de sus cometidos es "atender a personas a las que no se suele atender, como los presos y sus familiares".

Ha detallado que en España hay más de 60.000 personas internadas en centros penitenciarios, lo que supone un índice de incidencia "grande" en la sociedad, pero es un asunto "del que no se suele hablar".

En relación al respeto a los derechos humanos, ha lamentado que la política del Partido Popular ha sido "regresiva" y "ya no se habla de reinserción social".

El diputado navarro ha citado varios "problemas" dentro de esta prisión, tras apostar por la privatización de algunos servicios, como la seguridad perimetral, en detrimento de la contratación de funcionarios, especialmente aquellos que se dedican a la reinserción de los presos.

También hay denunciado que existe una carencia de programas formativos y otros en el ámbito del trabajo penitenciario, que permitiría a los internos tener un salario mínimo para sostenerse económicamente en la cárcel.

Santos ha exigido que se transfiera a las comunidades autónomas la sanidad penitenciaria, según está regulado en una Ley desde el año 2003, con una especial atención al problema de la salud mental de los presos, porque hay "una incidencia muy alta" de internos que no reciben un tratamiento adecuado en las cárceles.


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