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Preguntan a Pedro Sánchez si aplicará la regla de gasto a los 215 millones recuperados para Navarra

Los diputados de Podemos de la Comunidad foral creen que es el momento de dedicar esa cantidad a inversión pública para impulsar el desarrollo social y económico.

Ciudadanos haciendo la declaración de la renta en Hacienda. ARCHIVO
Ciudadanos haciendo la declaración de la renta en Hacienda. ARCHIVO  

Los diputados por Navarra de Podemos, Eduardo Santos y Ione Belarra, han registrado varias preguntas para saber si el Gobierno de España va aplicar la regla de gasto a la cantidad de 215 millones de euros, obtenidos por la Comunidad foral como compensación por lo aportado de más al Estado como consecuencia de la falta de actualización del Convenio Económico en el período 2014-2017.

Por ello, la formación quiere saber qué restricciones al uso de esa cantidad de dinero considera el Gobierno de España que pueden existen como consecuencia de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y consiguientemente de la Regla de Gasto.

Santos ha señalado que “la devolución por parte del Estado de 215 millones de euros abonados de más por la Comunidad foral debido a la falta de actualización del Convenio, unido a una política fiscal y presupuestaria adecuada, ha permitido a Navarra contar con unas cuentas saneadas, siendo adecuado en este momento apoyar la inversión pública, a fin de impulsar el desarrollo social y económico de la misma”

Cabe recordar que, con fecha 27 de diciembre del 2017 y con un notorio retraso de tres años, se firmó entre la Comunidad foral y el Gobierno de España la actualización del Convenio Económico que regula las relaciones tributarias mutuas.

Como consecuencia de la actualización, se estableció para el 2015 una cifra a aportar por Navarra de 510 millones de euros, que se actualiza para los años siguientes en función de la recaudación tributaria que el Estado realiza de los impuestos convenidos.

Como consecuencia, se determinó también la cuantía definitiva para el 2016, que resultó ser de 497,7 millones de euros, y la provisional del 2017, que se cifró en 509 millones de euros. Además, tal y como establece la Ley del Convenio, el acuerdo tiene efecto retroactivo desde el propio año 2015.


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