• jueves, 23 de septiembre de 2021
  • Actualizado 23:49

 

 
 

POLÍTÍCA

Podemos Navarra presenta un documento de 130 páginas para que el modelo de prisiones evite las penas de cárcel

Eduardo Santos ha presentado este viernes el documento que contiene las líneas estratégicas del modelo de ejecución penal en Navarra,

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos (c), acompañado por Jorge Ollero, de la Federación Enlace; y Sara Chivite, jefa del Servicio de Área de Atención Comunitaria y Centros de Salud Mental del SNS. GOBIERNO DE NAVARRA
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos (c), acompañado por Jorge Ollero, de la Federación Enlace; y Sara Chivite, jefa del Servicio de Área de Atención Comunitaria y Centros de Salud Mental del SNS. GOBIERNO DE NAVARRA

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha presentado este viernes el documento que contiene las líneas estratégicas del modelo de ejecución penal en Navarra, base para gestionar desde la Comunidad foral la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.

El modelo plantea dos grandes objetivos: que las penas que más derechos privan (la de prisión) solo se apliquen en último término, apostándose por medidas alternativas; y mejorar la vida en las cárceles, garantizando el cumplimiento de todos los derechos de la población reclusa. Todo ello, tomando como referente la reinserción de las personas condenadas.

El documento que recoge todas estas cuestiones ha sido presentado en rueda de prensa por el propio consejero, acompañado por Jorge Ollero, de la Federación Enlace y coordinador del grupo de trabajo que ha confeccionado el documento; y Sara Chivite, jefa del Servicio de Área de Atención Comunitaria y Centros de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud e integrante del mencionado grupo de trabajo.

Este documento supone el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo programático para la legislatura 2019-2023, que señalaba la necesidad de realizar un estudio para la creación de una Oficina de Ejecución Penal, la coordinación de la Red de Reinserción de Personas en Semilibertad y Libertad Condicional, así como la progresiva asunción de competencias en programas de tratamiento a medio.

Este modelo planteado es fruto de casi 8 meses de labor del grupo de trabajo multidisciplinar, constituido el 29 de junio del año pasado, y en el que han participado juristas, académicas, profesionales de la abogacía o diferentes entidades sociales que trabajan con la población reclusa.

Sus 130 páginas parten del análisis de la situación actual para establecer un diagnóstico sólido de posibles líneas de mejora; y, posteriormente, articular acciones clave dentro de cuatro líneas estratégicas. Se hace, asimismo, un planteamiento sobre la organización administrativa que sería necesaria para la implantación más eficiente del modelo.

El consejero, Eduardo Santos, ha resumido el documento y ha señalado que el modelo por el que se apuesta "integra los servicios que damos a la población reclusa, mejora su atención, y encamina todos los procesos hacia el fin último que debe tener cualquier pena privativa de libertad, que no es otro que la reinserción en la sociedad".

Para Santos, ese modelo "no aparta de la sociedad a las personas a las que se les priva de libertad", considera a los centros penitenciarios "como parte de esa sociedad"; y, al mismo tiempo, no solo busca mejorar la prisión, sino establecer, "siempre en el marco de la ley", un sistema mejor para gestionar los fenómenos de desviación social asociados a la delincuencia.

Para ello, el documento establece una serie de líneas estratégicas que, a su vez, incluyen diversos objetivos concretos. Dichas líneas comienzan por la necesidad de garantizar los derechos de todas las personas bajo supervisión penal. En segundo lugar, se establece como necesario priorizar las respuestas comunitarias y las penas no privativas de libertad.

Por ello, la tercera potencia el cumplimiento penitenciario en medio abierto. La cuarta línea estratégica, y eje y objetivo fundamental de todo el modelo, es fomentar la reinserción durante toda la ejecución penal.

La presentación de este documento se produce en la misma semana en que, por acuerdo de Gobierno, se ha creado el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, dentro de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. Se trata de un servicio del que Eduardo Santos ha destacado que, "más allá de la denominación administrativa, se plantea como servicio con mayúsculas: servicio público, servicio a la ciudadanía, servicio a la población reclusa y servicio a las víctimas de delitos".

Esta nueva unidad agrupa lo relativo a la ejecución penal -con la puesta en marcha de las acciones clave recogidas en el documento hoy presentado- y un área de justicia restaurativa en la que Santos ha querido hacer también hincapié.

El consejero ha destacado la apuesta del Gobierno foral por "una Justicia sanadora, que nos construya como una sociedad mejor", y considera que la mediación y sistemas extrajudiciales de resolución de conflicto permiten que las partes "tengan la posibilidad de ser agentes activos en la resolución de sus controversias".

"Al sentirse protagonistas del acuerdo alcanzado, no solo verán en él una respuesta legal a la situación planteada, sino también una solución para que esa situación no vuelva a producirse", ha concluido Eduardo Santos.


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