• jueves, 28 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Se amplía hasta el 20 de julio el plazo para presentar sugerencias ciudadanas contra el fraude fiscal

Se conferirá una mayor confidencialidad a las denuncias ciudadanas, a fin de no desincentivar a los posibles denunciantes.

Una oficina de Hacienda con trabajadores públicos.
Declaración de Renta, Hacienda.

El borrador sobre el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019, presentado el pasado 7 de junio a la recién creada comisión de lucha contra el fraude y la economía sumergida, ha incorporado aportaciones de siete de las organizaciones que la integran: Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), ATACC Navarra, ELA, LAB, Podemos, PSN y Universidad Pública de Navarra. El plazo para que la ciudadanía presente sugerencias se ha ampliado hasta el 20 de julio, a través de la web de Gobierno Abierto. 

Un primer grupo de demandas trasladadas por los integrantes de la comisión trata de incidir en la recaudación y, entre ellas, figura la potenciación de la web de Hacienda Tributaria de Navarra como canal de pago, para lo habrá que incorporar el pago mediante tarjetas de crédito (TVP virtual).

Asimismo, el Plan ha incorporado la aplicación de intereses de demora en la vía de apremio a los acreedores de Hacienda, de acuerdo lo recomendado por la Cámara de Comptos. En la actualidad, si Hacienda demanda cantidades a los deudores, no aplica intereses en caso de que estos tarden en hacer el abono.

Por otro lado, para un mayor control de los tributos y una mayor eficiencia de la estructura anti-fraude, Hacienda realizará un estudio para valorar la creación de nuevas unidades específicas y transversales de lucha contra esta práctica. Se está pensando en alternativas que podrían ir desde la creación de una Policía Fiscal o una Dirección anti-Fraude con competencias sobre diferentes cuerpos de la Administración.

En el ámbito de la colaboración con otros agentes o entidades, el Plan incorpora la intensificación de la colaboración con administraciones tributarias de otros países y regiones de la Unión Europea, a través de la participación activa que ya se ha iniciado en el ECOFIN y programas como el Hércules III.

DISMINUCIÓN GRADUAL DEL SISTEMA DE MÓDULOS

Asimismo, en el marco de este Plan contra el Fraude Fiscal, se abordará la restricción del sistema de tributación por módulos, de manera que quienes pagan impuestos en el régimen de estimación objetiva en IRPF y régimen simplificado de IVA vayan pasando a la tributación por Régimen General. Para ello, se realizará un estudio respecto a la permanencia del régimen de módulos.

La experiencia de Hacienda y de otras del entorno constata que es un régimen que debe ir tendiendo a su disminución gradual. “Aunque ofrece la indudable ventaja de la simplificación de trámites, constituye una anomalía del sistema tributario general”, se precisa en el Plan.

No obstante, el Plan adelanta la necesidad de establecer medidas paliativas para facilitar la liquidación de los tributos a las personas que ahora se acogen a él. En el régimen simplificado de IVA, Navarra está afectada por la obligación de aplicar un sistema similar al aplicado en el Estado.

CONFIDENCIALIDAD EN LAS DENUNCIAS

Por otro lado, en la lucha contra el fraude, se conferirá una mayor confidencialidad a las denuncias ciudadanas, a fin de no desincentivar a los posibles denunciantes.

En otro orden de cosas, el Plan detalla también la necesidad de avanzar hacia un mayor control de imputación de cuotas tributarias entre diversas administraciones tributarias.

Por ejemplo se quiere extremar el actual control de casos de presentación de solicitudes de devolución en más de una administración o la deslocalización de los beneficios por manipulación de los precios de transferencia. En esa línea, se aumentará la exigencia de documentación especial en precios de transferencia, incluyendo datos de naturaleza económica y fiscal relevantes, país por país, para tener un conocimiento global de los grupos multinacionales con información relativa a las distintas entidades del grupo.

En el ámbito de la atención al público, también se quieren potenciar las consultas tributarias; avanzar hacia una mayor transparencia en la información de los resultados, actividad y objetivos de la Hacienda Tributaria; preparar y publicar un “Código de buenas prácticas” de la Hacienda Tributaria en sus relaciones con los obligados tributarios.

COMPETENCIA DESLEAL

El Plan también ha incorporado consideraciones de los grupos y, así, se ha reforzado que el fraude supone una “competencia desleal” por parte de las empresas o agentes que cometen la defraudación.

“Si una empresa elude sus obligaciones tributarias, es probable que logre un sistema de costes más bajos que los de otras empresas competidoras cumplidoras con sus tributos, obteniendo así una ventaja comparativa ilegítima e injusta, que debería ser reprobada socialmente”, precisa el documento.

PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

A la comisión de lucha contra el fraude y la economía sumergida, reunida esta mañana en el Palacio de Navarra, han acudido, además de los representantes del Gobierno de Navarra, representantes del Parlamento foral (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN), de los sindicatos (UGT, CCOO, ELA y LAB), y de entidades socioeconómicas: CEN, Federación Navarra de Municipios y Concejos, Asociación Navarra de Empresas Laborales, Universidad Pública de Navarra, el Colegio de Abogados de Pamplona, la Asociación Española de Asesores Fiscales, y la Asociación ATTAC Navarra (un movimiento independiente que persigue la justicia económica global).

Como se recordará, el nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019 será aprobado por el Gobierno una vez que finalicen los procesos de participación pública. El Plan intensificará las acciones para la detección y prevención de este tipo de prácticas. Contempla más de 200 medidas y unas previsiones de recaudación por esta vía de 590 millones de euros en la presente legislatura. Esta cuantía supone un incremento del 5% respecto a lo contemplado en el documento actualmente en vigor (2014-2017), que recoge 157 medidas con un impacto previsto de 560 millones

El Gobierno sustituye esta planificación por tres motivos: el interés del nuevo Gobierno y las fuerzas políticas que lo sustentan por fortalecer las actuaciones para combatir el fraude fiscal, la exigencia de actualizarla recogida en el acuerdo programático, y por el interés de acompasarla lo más posible a la duración de la legislatura.


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