Pedro Sánchez y María Chivite siguen pagando el precio de sus acuerdos con los proetarras de Bildu para mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque sea a costa de dañar la dignidad de las víctimas de ETA y sus familias.
Justo el día en el que Chivite se va volver a reunir con los herederos de ETA-Batasuna para negociar los presupuestos de Navarra, se ha conocido que el Gobierno socialista ha decidido acercar hasta Logroño desde Almería al criminal Andoni Otegi Eraso, uno de los terroristas que participaron en el cruel asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia.
El atentado tuvo lugar en Leiza el 14 de julio de 2001, cuando el edil de la formación regionalista se disponía a salir de su casa en su furgoneta y estalló una gran cargo explosiva colocada por los terroristas de ETA-Batasuna. "Desde el balcón lo vi quemándose", relató en su momento Reyes Zubeldia, la viuda de José Javier Múgica.
Un año antes, los radicales, ahora socios de María Chivite, quemaron la furgoneta de Múgica en lo que representó un aviso para el concejal, que entró en política para echar una mano a su hermano y que tenía un pequeño estudio de fotografía en la localidad.
En 2001, cuando Múgica y su mujer habían regresado de pasar unos días de descanso en Fitero, Andoni Otegi colocó el artefacto en los bajos del vehículo junto a la casa de Múgica y cumple más de mil años de condena por el asesinato del edil de UPN y por el de los agentes de la Guardia Civil Cecilio Gallego Alaminos y la niña Silvia Martínez Santiago, el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola.
Desde la a Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedicar ahora a "vacíar" las cárceles del sur de España de presos de ETA tras el acercamiento de Otegi y otros cinco etarras.
"Todos los que no tuvieron ningún tipo de humanidad con sus familiares, hasta el punto de asesinarles a sangre fría, hoy el Gobierno de España les complace con el humanitario gesto de poder cumplir sus condenas cerca de sus familiares", ha señalado la AVT en un comunicado, mostrando su contrariedad por la decisión de acercar a históricos dirigentes etarras como Antonio Troitiño Arranz.
La AVT censura que los traslados --cinco de ellos desde cárceles andaluzas-- se ordenen sin previamente exigir la colaboración con la Justicia a los condenados por pertenencia a ETA, algunos con delitos de sangre. "Los presos siguen sin recordar nada cuando pisan una sala judicial", recuerda la asociación, en alusión a la falta de colaboración de dirigentes etarras como 'Anboto', Ibon Gogeaskoetxea, Kepa Arronategi y Gorka Fraile.
En concreto, la AVT censura que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska haya derogado la política de dispersión cuando quedan más de 300 atentados sin autoría. En este sentido, cuestionan que los presos de ETA "asuman la legalidad penitenciaria --fórmula utilizada por Instituciones Penitenciarias al informar de los traslados-- como mero trámite para conseguir sus objetivos".
"Reiteramos nuestra más absoluta indignación ante esta situación y repetimos nuestra petición de que se exija colaboración con la Justicia a los presos etarras que quieran ver mejorada su situación penitenciaria", continúa la AVT, que también critica que los traslados se conozcan sin que les dé tiempo de activar a sus equipos psicológicos para atender a las víctimas.
Además de Andoni Otegi Eraso y Troitiño --este último condenado a cinco años por reintegrarse en ETA una vez que fue puesto en libertad en 2011, lo que aprovechó para fugarse a Reino Unido--, también han sido acercados Aitzol Maurtúa Eguren, Mikel Arrieta Llopis, Víctor Franco Martínez y Agustín Almaraz.
