Todos los partidos de la cámara, excepto el Partido Popular, rechazan tramitar la ley para dar mayor autoridad a los docentes.
El punto tres de la moción del Partido Popular aprobada en el debate monográfico sobre Educación el pasado 27 de mayo decía: “Impulsar la autoridad del profesor mediante ley foral”. Aquella moción contó con el apoyo de UPN, Bildu y del propio PPN. Se abstuvieron Podemos y los votos en contra de PSN, Geroa Bai e Izquierda Ezkerra.
Según rezaba aquella moción, los populares han llevado hoy al Parlamento de Navarra la proposición de Ley para iniciar su tramitación. Según la proponente, Ana Beltrán, la Ley foral de la autoridad del Profesorado “la quiere, la pide y la necesita todo el personal docente” y más después de las últimas agresiones a profesores que se han conocido en las últimas semanas.
Sin embargo, todos los grupos parlamentarios han rechazado la propuesta antes incluso de comenzar su andadura.
Las excusas para incumplir lo que habían aprobado en mayo han sido varias. El portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha dicho que dieron su voto favorable en aquella ocasión porque en la moción había otros puntos. Y ha añadido que no es necesario hacer una ley sobre la autoridad del profesorado porque ya hay otras normativas que así lo constatan como el Decreto foral 47/ 2010 y la Lomce a nivel nacional.
A esa polémica Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación también se ha aferrado el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, a pesar de que normalmente despotrica contra ella. Posteriormente, como suele ser habitual, se ha retrotraído al año 1936 para explicar que “no se reconoce la autoridad no acudiendo al homenaje del domingo a los profesores represaliados”.
Podemos se ha escudado que realizar una ley al respecto sería “judicializar” la Escuela, “algo que no es propio de la Educación”, ha afirmado Tere Sáez.
Los partidos que en mayo votaron en contra, han mantenido sus posturas. Para los socialistas, “sería una ley placebo porque no está claro que alguien que no sea funcionario pueda ser considerado agente de la autoridad, por lo que, por ejemplo, todos los profesores de la concertada quedarían fuera de este concepto”.
Más crítica ha sido la representante de Izquierda Ezkerra, Marisa de Simón, porque “están utilizando esta ley de forma torticera porque, al proponerla, lo que hace es quitar autoridad a los profesores”.
