En la publicación aparecía de manera clara que el encuentro con el defensor del pueblo se había mantenido "hoy".
¿Error o casualidad?. El Parlamento de Navarra ha enviado una nota de prensa para informar de una supuesta reunión 'de trabajo' de la presidenta de la Cámara foral, Ainhoa Aznárez, con el defensor del pueblo en Navarra, Javier Enériz, mantenida supuestamente este miércoles.
Lo curioso de la cita, además de que se produjo la semana pasada, es que la actividad del Parlamento durante esta semana se encuentra suspendida mientras los parlamentarios disfrutan de doce días de vacaciones.
Así, los servicios de comunicación de la presidenta del Parlamento foral han tratado de 'pasar' este evento como si se tratara de una de las citas marcadas en la agenda de Aznárez para este miércoles, a pesar de que la ausencia de actividad en la institución política.
En la nota, que ya ha sido corregida, aparecía que el defensor del pueblo en Navarra, Javier Enériz, había entregado "hoy" el informe anual de la institución correspondiente al ejercicio 2017. Sin embargo, un rato después, el Parlamento rectificaba y cambiaba por "la semana pasada".
En el informe se detallaba que la labor desplegada en 2017 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 118 sugerencias (otras 42 de índole normativo), 232 recomendaciones y 122 recordatorios de deberes legales (en total 514 decisiones).
Todo ello es fruto de los 8.160 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.231 consultas y presentar 921 quejas (han gestionado 1.121 expedientes), el 85,5% admitidas a trámite y el 71,9% fundadas. Se han practicado 826 investigaciones, 787 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 28 de oficio, 9 a propuestas ciudadanas y 2 en razón de los informes elaborados.
Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, educación, función pública, bienestar social, medio ambiente, acceso a un empleo público, sanidad, hacienda, vivienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana y trabajo.
Por lo que se refiere a la primera de las materias, educación, se presentaron 156 quejas, entre las que destacan las cuatro relacionadas con situaciones de acoso escolar y aquellas alusivas al baremo de admisión de alumnos en centros públicos y concertados, incluidas las vinculadas a actuaciones fraudulentas en materia de empadronamiento y declaraciones de renta para el ingreso en Infantil.
Las protestas alcanzan también al transporte escolar (Ansoáin, Nuevo Artica, Beriáin), así como a la supresión del nivel A1 de inglés en la EOI de Pamplona y a la inexistencia de grado medio de auxiliar de enfermería en horario nocturno en Tudela.
En segundo lugar, se sitúan las quejas (96) referentes a función pública, entre las que sobresalen las 1.838 firmas que alegan trato discriminatorio y desfavorable en la edad de jubilación del personal sanitario acogido al régimen de Seguridad Social, en comparación con el del sistema de Montepíos, por cuanto este puede retirarse a los 60 años.
Otros 46 ciudadanos cuestionan la interpretación que el departamento de Educación hace respecto del personal docente con contrato temporal menor a un año, al que "los días no lectivos se le computa como vacaciones".
La tercera posición la ocupan las quejas (86) relativas a bienestar social. De ellas, 19 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento de los puntos de encuentro familiares.
Asimismo, constan otras 13 conectadas con la Renta Garantizada, tanto en lo que atañe a su denegación, como en lo tocante a la demora en la concesión o renovación. A pesar del carácter inembargable de esta prestación pública, se siguen recibiendo quejas, en este caso dos, de ciudadanos a los que alguna Administración pública les embarga su importe.
También constan tres denuncias de violencia de género hacia mujeres por parte de sus ex parejas y seis por inadecuada atención de trabajadores sociales.
RUIDOS DE BAJERAS DE JÓVENES
En cuarto término, se sitúan las quejas (66) referentes al medio ambiente, donde, al igual que en ejercicios precedentes, dominan las alusivas a los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las derivadas de la contaminación acústica procedente de bajeras de jóvenes, negocios de hostelería, camiones de la basura y fábricas. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de información ambiental, a la no contestación de denuncias, a la protección de la fauna y la caza, y a licencias de actividades clasificadas.
En quinto lugar, se ubican las quejas (56) de acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad en los departamentos de Educación, Salud, y Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Se cuestiona la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación.
Asimismo, consta el disenso con la exigencia de estar en posición de un máster en Formación Pedagógica y Didáctica para impartir docencia en centros públicos. También por la falta de valoración de méritos o servicios prestados en centros sanitarios privados, a efectos de contratación temporal.
La sexta materia es sanidad, entre cuyas quejas (55) sobresalen las que muestran su disconformidad con la atención clínica recibida, así como con las listas de espera (sobre todo, en el área de traumatología y rehabilitación) y la denegación de prestaciones sanitarias y el reintegro de gastos.
Además, se cuestiona, por insuficiente, la ayuda a personas que sufren celiaquía y el estado de algunas instalaciones sanitarias del CHN, entre las que se citan el pabellón psiquiátrico, la UCI Pediátrica y, de modo genérico, todas las que dificultan el acompañamiento de los pacientes.
En Hacienda siguen predominando las quejas (48) inherentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También constan otras sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en los casos en los que no ha habido incrementos del valor del terreno) y por la no exención del pago de la contribución urbana, en este caso a cargo de una sociedad concesionaria de una autovía de Navarra, que esgrime disparidad en relación a la normativa estatal.
En octavo lugar, figura vivienda, cuyas quejas (35) se refieren principalmente a la disminución de las ayudas públicas al arrendamiento, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras VPO que se adecúen mejor a las necesidades familiares.
En noveno lugar, se sitúa urbanismo, donde, como es habitual, se acumulan quejas (33) referentes a la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante posibles incumplimientos de la normativa urbanística. A su vez, han llegado algunas reclamaciones relacionadas con la gestión urbanística y la falta de contestación de algunos ayuntamientos a solicitudes de información.
En décimo lugar, aparece tráfico, materia en la que destacan las quejas (30) presentadas por ciudadanos disconformes con multas, con la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona, con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar su vehículo, y con embargos por impago de sanciones de las que "no había conocimiento previo".
En cuanto a la ordenación del tráfico, destaca la queja (2.147 firmas) presentada por una plataforma y varios ciudadanos que no están satisfechos con el proyecto que el Ayuntamiento de Pamplona va a acometer en la avenida Pío XII, porque "conlleva la supresión de plazas de aparcamiento".
