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El cuatripartito se niega a modificar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos

UPN, PSN y PPN critican que es una ley que "ha causado una sensación de inseguridad jurídica para contribuyentes y ayuntamientos".

Koldo Marínez habla con Uxue Barkos. PABLO LASAOSA
Koldo Marínez habla con Uxue Barkos. PABLO LASAOSA  

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, una moción presentada por UPN por la que se instaba al Gobierno Foral a elaborar, "con la mayor urgencia", un nuevo texto legal que modificase el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos para poder ofrecer a los ciudadanos "la seguridad jurídica de la que ahora carecen".

Además, se pedía que dicha modificación se realizase "en interés de los contribuyentes que se han visto obligados a realizar pagos indebidos del referido impuesto por no ajustarse a derecho".

Según ha afirmado el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, esta ley fue aprobada "de forma atropellada en el último pleno del año" y "en dos meses ha conseguido el efecto contrario al que debe propiciar una ley, que es proporcionar seguridad jurídica y resolver la cuestión".

"Ha causado una sensación de inseguridad jurídica para contribuyentes y ayuntamientos mucho mayor que la que había antes de la aprobación de la ley", ha advertido.

El regionalista, que ha asegurado que dicha norma "tenía errores de fondo", ha considerado que ésta "se equivoca cuando obliga a los contribuyentes a acudir a los tribunales como única vía para recuperar el dinero que injustamente se les cobró".

También se equivoca, a su juicio, al "imponer a la ciudadanía la carga de la prueba para demostrar que se les ha cobrado un impuesto en base a unos artículos que el Tribunal Constitucional ha declarado nulos e ilegales".

Tras subrayar que "las leyes deben estar hechas para el interés de los ciudadanos", ha aseverado que esta norma "está mal hecha y ha perjudicado a los contribuyentes".

Esta moción, además de los votos a favor de UPN, también ha recibido el apoyo de PSN y PPN. Así pues, la socialista Ainhoa Unzu ha coincidido en destacar la "inseguridad jurídica" que conlleva la norma en cuestión y ha remarcado que el debate de esta ley "merecía más tranquilidad y sosiego".

"No nos gusta en absoluto la norma, -ha apuntado-, es una ley lo más anti social que podíamos esperar por parte del este gobierno".De esta forma, ha asegurado que "todo indica a que el gobierno tiene que actuar" y que, "como mínimo, se debería parar a revisar la norma".

En la misma línea se ha mostrado la portavoz popular, Ana Beltrán, que ha lamentado que esta es "una nueva tropelía más de la dictadura del cambio".

"NO TIENEN NINGÚN SENTIDO MÁS ALLÁ DE POSTUREOS"

Por el contrario, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha apostillado que la propuesta de UPN "no tiene ningún sentido, más allá de postureos". "Es una medida que desde el punto de vista de la seguridad jurídica del contribuyente no va a aportar nada, sino todo lo contrario", ha advertido.

En este sentido, ha cuestionado "cómo va a ser la solución que el Gobierno presente un nuevo texto legal cuando precisamente un juzgado de Pamplona ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la regulación aprobada hace dos meses, que está pendiente de resolver".

"Habrá que esperar a ver cómo se resuelve esa controversia antes de hacer ningún nuevo texto", ha manifestado.

En consonancia con Hualde, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha apostado por "esperar a ver qué resuelve el Tribunal Constitucional sobre esa cuestión que se le ha planteado legítimamente por un tribunal".

También Rubén Velasco, de Podemos, ha trasladado que "por seguridad jurídica es necesario esperar a que sea el mismo Tribunal Constitucional el que se pronuncie".

"Consideramos necesario esperar a ver qué falla el Tribunal Constitucional -ha subrayado-, y en virtud de ese fallo, si hay que proceder a una modificación puntual de la ley se hace y ya está".

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha defendido "que hable el Tribunal Constitucional ante la cuestión que ha sido planteada": "A partir de ahí, tendremos que actuar en consecuencia", ha zanjado. 


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