• martes, 06 de diciembre de 2022
  • Actualizado 17:36
 
 

POLÍTICA

El Parlamento organiza una ponencia para el estudio de una ley que regule la "vida digital"

Se busca regular el conjunto de acciones que una persona realiza en internet, determinando para ello los derechos y deberes.

Un médico trabaja con su ordenador en una consulta. ARCHIVO
Un médico trabaja con su ordenador en una consulta. ARCHIVO

La comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles por unanimidad la creación de una ponencia de estudio dirigida a "ampliar información sobre todo lo que pudiera ser materia de vida digital".

La iniciativa propuesta por todos los grupos y agrupaciones con representación en la Cámara responde a la proposición de Ley que, impulsada por el grupo parlamentario socialista, fue tomada en consideración en el pleno del pasado 24 de mayo, con las abstenciones de Geroa Bai y Podemos.

La ponencia, que recabará aportaciones de diferentes personas, expertos y agentes sociales, desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe en el plazo de 6 meses prorrogables desde la constitución de la ponencia, según informa la Cámara.

En ese sentido, los grupos y agrupaciones de parlamentarios tienen de plazo hasta las 14 horas del día 13 de septiembre para designar a un representante y un suplente por sigla.

La proposición de Ley, según recuerda la Cámara navarra, tiene por objeto regular la vida digital, esto es, el conjunto de acciones o actividades que una persona realiza en internet desde que nace hasta después de fallecida, determinando para ello los derechos y deberes en lo relativo al uso y tratamiento de nuestra identidad, incluidos el derecho al olvido y las voluntades digitales.

Se entiende por derecho al olvido, la capacidad de eliminar información personal hecha pública en buscadores y espacios de internet, circunstancia que deberá determinar el Consejo de la Vida Digital, órgano presidido por el responsable de la dirección general de Informática y Telecomunicaciones e integrado por sus homólogos en las direcciones generales de Justicia e Interior, el titular del Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo.

En relación al olvido, se reconoce, a su vez, el habeas data o derecho de control sobre la información personal, garantizándose la exclusión de toda injerencia en su vida privada.

Respecto a las voluntades digitales, se precisa que la persona responsable de su ejecución deberá estar señalada en el testamento o en el registro electrónico de voluntades digitales, órgano que, bajo supervisión del Consejo de Transparencia, se hará depender de la consejería competente en materia de justicia. En el caso de doble registro y diferente contenido, prevalecerá el del testamento.

En ella se establece como prioritaria la lucha contra el acoso escolar en soportes digitales, para lo cual, entre otras cuestiones, se aboga por educar en la idea de que ningún menor de 14 años pueda ser usuario de redes, con la salvedad de los sistemas de mensajería instantánea, siempre que sean redes internas y bajo la supervisión de padres, madres o tutores.

La proposición de Ley, que incide en la lucha contra la brecha digital, obliga a las empresas a redactar una política de actuación de desconexión digital consensuada con los trabajadores.

En aras a facilitar la inmersión de las personas mayores en la vida digital, el Gobierno deberá promover un espacio en internet orientado exclusivamente a ellas, debiendo contener toda la información que se considere relevante, de un modo plenamente adaptado y accesible.

Además en su afán de hacer extensivo a las personas discapacitadas de todas las edades los principios del envejecimiento activo que rigen en la lucha contra el aislamiento y la soledad, se anima a la adaptación tecnológica de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.

La norma entraría en vigor transcurrido un año de su publicación en el BON.


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El Parlamento organiza una ponencia para el estudio de una ley que regule la "vida digital"