El Parlamento foral ha retomado este lunes la actividad ordinaria tras las fiestas de Navidad, en la que planea como uno de los retos más inmediatos la negociación sobre la reforma de la Ley del Convenio Económico, tras no conseguir el consenso suficiente en la Cámara el acuerdo alcanzado por los gobiernos navarro y estatal.
La propuesta que la consejera socialista Elma Saiz no llegó a someter a la votación de la Cámara el pasado 23 de diciembre tras constatar que Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu se abstendrían contemplaba dejar en manos de la Comisión Coordinadora la posible modificación del índice de aportación, el porcentaje que Navarra paga en los Presupuestos del estado por las competencias no transferidas, un asunto en el que los partidos pretenden que el Parlamento tenga protagonismo.
Javier Esparza (Navarra Suma) ha apuntado a este como "uno de los debates que va a ser actualidad en las próximas semanas", y ha advertido de que, junto a otros asuntos, evidenciará a unas formaciones políticas "cada días más tensionadas, y a ese pentapartito cada día menos cohesionado, porque todos están pensando en clave electoral".
Así, el portavoz del PSN, Ramon Alzorriz, ha expresado su intención de apoyarse en "el diálogo y los consensos" y ha mostrado su "mano tendida" al resto de grupos, aunque ha instado a "sacar de la arena política" el Convenio Económico de Navarra con el Estado, por lo que ha pedido "altura de miras, ponernos todos el traje de navarros para aprobar algo que es bueno para la ciudadanía navarra".
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha mostrado su "disposición" a llegar a un acuerdo político para el que "hay tiempo y es más que posible" y en el que su formación insiste en la "necesidad de que mantengamos absolutamente firme la defensa del autogobierno de Navarra dejando en manos del Parlamento la definición del índice de imputación".
Por EH Bildu Adolfo Araiz también ha planteado que si la consejera Saiz, como entiende que sigue haciendo, "mantiene los mismos argumentos para que la modificación del índice de imputación quede en manos de la Comisión Coordinadora sin que el Parlamento pueda opinar sobre ello", su formación se abstendrá y el Gobierno no contara con la mayoría absoluta necesaria de la Cámara para sacar adelante este punto.
