El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha mostrado este jueves en el pleno del Parlamento foral su "preocupación" porque "cada vez son más las administraciones públicas que no contestan a la institución, o que retrasan los expedientes, o que no colaboran de modo sistemático".
Javier Enériz ha explicado que esta situación "obliga a la institución a hacer un esfuerzo ímprobo a base de requerimientos y de estar recordando que esto está considerado por el Código Penal como delito".
El Defensor, que se encuentra en situación de interinidad desde hace siete años por falta de acuerdo político para renovar el cargo, ha presentado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra el informe de su actividad correspondiente al año 2018.
Durante su intervención, Enériz ha planteado al Parlamento la posibilidad de incorporar alguna modificación "muy puntual" en la ley del Defensor para "contar con alguna medida disuasoria frente a las administraciones" que no colaboran, sin tener que recurrir a citar el Código Penal.
En todo caso, de las 413 resoluciones que en 2018 dirigió el Defensor, las administraciones públicas las aceptaron en dos tercios de los casos.
La institución recibió en 2018 un total de 1.052 quejas, atendió 1.400 consultas, realizó 25 actuaciones de oficio, y recibió 9 propuestas de los ciudadanos.
La actividad del Defensor se cifró en 2.600 actuaciones y el número de personas que mantuvieron contacto directo con la oficina se calcula en 8.000 personas. El órgano emitió más de 400 resoluciones y realizó más de 800 investigaciones.
Del total de quejas presentadas por los ciudadanos, el 53% estaban dirigidas a la Administración foral, el 28% a las entidades locales, y el 10% a la Administración del Estado.
El ámbito en el que más quejas se recibieron fue bienestar social, gran parte de ellas por cuestiones relacionadas con la gestión de la renta garantizada, fundamentalmente por denegación, retraso en el pago o embargo de la misma.
El segundo aspecto que más quejas suscitó fue el acceso al empleo público, fundamentalmente por en el ámbito de la contratación temporal para puestos de trabajo docentes y la disconformidad con los méritos específicos y los requisitos que se suelen exigir para el acceso a los puestos de trabajo.
En tercer lugar se situó el capítulo de educación, con quejas principalmente referidas a la no admisión de alumnado en el centro de segundo ciclo de educación infantil escogido por las familias.
LOS GRUPOS VALORAN LA LABOR DEL DEFENSOR
En el turno de intervención de los grupos, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha destacado la labor que realiza el Defensor "con rigor, dedicación y en determinados casos con brillantez" y ha señalado la "anomalía" de su prolongada interinidad "no se debe a la falta de acuerdo", sino que "hay un cierto consenso en la continuidad de la interinidad precisamente gracias a la labor de la actual oficina".
La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha destacado que la institución del Defensor "es cada vez más conocida por la ciudadanía navarra y se han acercado a ella cerca de 8.000 personas". "Eso nos indica que la institución tiene su conocimiento y es prestigiada en su labor en defensa de los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones públicas", ha afirmado.
Sobre la situación de interinidad del Defensor, ha esperado que "esta sea la legislatura en la que se pueda dignificar la institución", al tiempo que ha reconocido la labor de Javier Enériz.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que pese a que el Parlamento no ha sido "capaz" de acordar un relevo en la institución del Defensor, Javier Enériz ha desarrollado el trabajo "sin interrupción y dando respuesta a las necesidades que se plantean por parte de los ciudadanos".
Según ha destacado, los números presentados en su informe anual "avalan la necesidad de la institución".
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que el Parlamento "debería tener un poco de vergüenza propia" por la situación de interinidad en la que se encuentra el Defensor y ha deseado que en esta legislatura "seamos capaces de solucionar esta situación".
Además, ha señalado que "si esta institución no existiera habría que inventarla, porque es la mala conciencia de las Administraciones públicas que se ve reflejada en sus informes y actuaciones".
El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha valorado que "se ha aumentado exponencialmente la participación de la ciudadanía en la oficina del Defensor y se ha reducido el tiempo de tramitación, otra cosas es cómo responde la Administración con sus rigideces y respuestas burocráticas, que muchas veces no satisfacen al Defensor, ni a nosotros ni a la ciudadanía, y eso tendremos que ir trabajándolo".
Por último, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha destacado que "la oficina es un mecanismo real de participación ciudadana y es eficaz en relación a lo que es su objetivo, la defensa de la ciudadanía en su relación con las administraciones públicas".
