La Comisión de Salud del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes por unanimidad una resolución por la que se insta al departamento de Salud a "establecer, en un plazo máximo de un mes y en colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), un protocolo de retirada de amianto para los casos de abandono de dicho material en la vía pública".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo foral a "promover campañas informativas para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos para la salud pública y el medioambiente que supone el amianto sin la debida garantía en su manipulación y depósito, así como la ilegalidad que supone abandonar estos residuos en la vía pública, espacios naturales o en cualquier lugar no autorizado".
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra y al departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos a "activar, en el plazo de un mes, las ayudas necesarias para proceder a la retirada de amianto del parque residencial; y a activar, en el plazo de dos meses, el Programa de Atención al Amianto en las Empresas que se está elaborando dentro del Plan de Salud Laboral". Este epígrafe es producto de una enmienda de adición presentada por EH Bildu y aceptada por el PSN.
Además, en este caso a instancias de Navarra Suma, cuya in voce de adición ha sido asumida también por el PSN, se compele al Ejecutivo foral a "elaborar un Plan operativo de retirada de amianto en Navarra, con definición de acciones concretas, cronograma y compromisos presupuestarios".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el PSN alude a los "graves peligros" que para la salud entraña la "manipulación e inhalación" de las fibras de amianto y, a ese respecto, aboga por la elaboración de un protocolo específico para la retirada y traslado de este material tóxico, a menudo abandonado en la vía pública o en espacios naturales.
A tal objeto, para evitar la exposición y el almacenamiento no autorizado de amianto, el proponente hace suya la demanda de las asociaciones de víctimas, que reclaman un protocolo entre administraciones para proceder a la urgente retirada de ese material tóxico, de una manera coordinada y sujeta a las correspondientes medidas preventivas.
