El pleno ha aprobado también una ley de transparencia, que incluye a la UPNA, a Comptos y a la propia Cámara foral.
El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley de transparencia, que incluye a la UPNA, al Parlamento y a Comptos, y la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
El pleno del Parlamento foral ha aprobado por unanimidad la ley foral de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, que será de aplicación para entidades como la Universidad Pública de Navarra, el Parlamento de Navarra, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Cámara de Comptos y el Consejo de Navarra.
El proyecto de ley foral que remitió el Ejecutivo al Parlamento tiene por objeto "regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno para, a partir de la difusión de la información que generen los sujetos obligados, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que asegure el buen gobierno, todo en aras a favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía".
En ese contexto, se extiende el ámbito de aplicación de la ley más allá de la Administración de la Comunidad Foral, alcanzando a todas las entidades públicas (como la UPNA) y privadas que puedan ser depositarias de información pública, así como a las privadas que se financien con fondos públicos (más de 20.000 euros al año o desde 5.000, cuando las subvenciones supongan al menos el 20% de los ingresos anuales) y a aquellas que participen en la gestión de los servicios públicos sostenidos con fondos públicos (centros concertados, especialmente en educación, sanidad, deporte y servicios sociales).
También delimita su aplicación a otras instituciones públicas, como el Parlamento de Navarra, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Cámara de Comptos y el Consejo de Navarra, sometidas a esta norma en todo lo concerniente al ejercicio de la actividad sujeta al Derecho Administrativo (personal, bienes, contratación, subvenciones), sin menoscabo de las potestades, funciones y autonomía atribuidas a las mismas por la Lorafna.
Igualmente, resultará aplicable a entidades de derecho público o sobre las que la Comunidad Foral ejerza competencia conforme a la Lorafna, caso de Colegios Profesionales, Cámara de Comercio, Denominaciones de Origen, Federaciones deportivas y corporaciones de derecho público.
Por su parte, el pleno ha aprobado también la ley foral por la que se crea la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, para la "detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción".
Se trata de una iniciativa del cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) que ha recabado el apoyo del PSN, mientras que UPN y PPN se han abstenido.
Esta ley se marca como objeto "fomentar el máximo grado de transparencia y buen hacer en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas, mediante la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y demás prácticas fraudulentas en el seno de las administraciones públicas de Navarra y las sociedades y entidades participadas por estas".
La oficina ejercerá sus funciones "sin perjuicio de las que correspondan a la Cámara de Comptos, al Defensor del Pueblo de Navarra y demás instituciones de control y fiscalización, y colaborará y cooperará con las instituciones autonómicas, estatales, europeas y/o internacionales que tengan competencias análogas en materia de transparencia, fraude y anticorrupción".
La oficina se encargará de gestionar el Registro de Actividades e Intereses de altos cargos y electos públicos (también de las entidades locales, previo convenio), y deberá abordar en el plazo de un año la creación de un nuevo Código Ético y de Conducta para regir el comportamiento de los miembros del Gobierno de Navarra, altos cargos, personal eventual, directivos del sector público y electos del Parlamento y la Administración Local.
REACCIONES POLÍTICAS A LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
El parlamentario de UPN, Sergio Sayas, ha explicado la abstención de su grupo explicando que "hay cuestiones que compartimos, como la lucha contra la corrupción", pero planteando que la oficina debería dedicarse exclusivamente a tareas de prevención. Ha señalado que, si así fuera, se habría evitado la polémica por la aparición del nombre de una empresa en el pliego de un concurso del departamento de Derechos Sociales. "El caso Laparra -vicepresidente de Derechos Sociales- es un caso palmario de mala praxis en la Administración y mientras esté un minuto más al frente de ese departamento, oficinas como ésta carecen absolutamente de sentido", ha afirmado.
El parlamentario del PPN Javier García ha dicho en una breve intervención que su grupo no está a favor de las sanciones previstas en la ley por lo que ha justificado su abstención.
Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha considerado que "estamos inmersos en una sociedad que tiene que hacer frente a retos que modifican sus formas de actuación y gestión, y como consecuencia de estos cambios los instrumentos de control hoy existentes no resultan suficientes para prever, vigilar y monitorizar la actividad política y administrativa para prevenir actos de corrupción y malas practicas", por lo que ha defendido la creación de este organismo específico que "esté coordinado con los entes de control y fiscalización existentes".
La parlamentaria de EH Bildu Arantza Izurdiaga ha afirmado que "esta oficina es un paso fundamental, un mecanismo de control absolutamente necesario, para avanzar hacia ese nuevo modelo de gobernanza pública, basado en la ética y en la integridad pública, en el que no tengan cabida las malas prácticas, en el que no se primen los intereses de partido por encima del interés general, en el que se descarten el clientelismo, la opacidad y, en definitiva, la corrupción.
El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha afirmado que "las instituciones no consiguen frenar la lacra de la corrupción, y es aquí donde hay que hablar de normas y organismos que vengan a minimizar o dificultar las prácticas corruptas". "Estamos convencidos de que esta oficina va a servir para algo más que para elaborar informes anuales con los que justificar su existencia", ha dicho.
Por su parte, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha señalado que "en España la corrupción no es algo sistemático, pero es un problema de gran calado que ha contribuido a generar gran desconfianza en la forma de hacer política". Por ello, ha afirmado que "el fortalecimiento institucional lo tenemos que ir logrando a través de todos los medios que tengamos a nuestro alcance y hoy estamos dando un paso adelante en conseguir este fortalecimiento institucional".
Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha destacado "el carácter preventivo de la oficina, que tiene que actuar más que como un mecanismo de control, que también, como un mecanismo de prevención". "Esta ley avanza en la transparencia de la gestión pública y en evitar el abuso de poder, contribuye a la participación ciudadana y establece la rendición de cuentas de los administradores", ha indicado.
