El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el proyecto de ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, que entre otros aspectos contempla la reducción de la tarifa del IRPF en un 2 % en todos los tramos con efectos desde el 1 de enero.
El proyecto se ha aprobado con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Podemos, la abstención de EH Bildu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma.
Además, se incrementan un 5 % los mínimos personales y familiares para compensar mediante esta deducción situaciones asociadas a la edad, la discapacidad, el número de hijos o personas a cargo.
También se contempla una bonificación de 100 euros para las rentas inferiores a 30.000 euros, aplicable asimismo en los mínimos personales, ha explicado en el pleno la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.
Por otro lado, se incrementa en 25 euros mensuales (de 650 a 675) la renta máxima que permite acceder a minoraciones por alquiler de vivienda (Emanzipa y David). Además, para adaptarse a la reforma estatal, se reduce de 2.000 a 1.500 euros la aportación máxima deducible en los planes de pensiones.
En el Impuesto de Sociedades, se suprime la deducción por creación de empleo (4 millones), que se transforma en políticas activas de empleo, y quedan exentas de tributación las ayudas de apoyo a la solvencia empresarial.
La consejera ha destacado que esta ley foral pretende adaptar la legislación navarra a las "cambiantes realidades jurídicas y tributarias" actuales y seguir luchando contra el fraude fiscal.
"Vivimos tiempos cambiantes en el ámbito económico" y por tanto hay que "tener la capacidad de reacción suficiente para adaptarnos a la realidad", pero sin olvidar principios fundamentales como la redistribución de la riqueza y el "no dejar a nadie de lado".
Saiz ha subrayado que éste es "un buen proyecto, sensible con los tiempos actuales" y ha declarado que el Gobierno de Navarra "va a saber estar a la altura y seguirá guiándose por la responsabilidad a todos los niveles".
La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha mostrado su apoyo al proyecto, que recoge medidas, según ha destacado, para "aliviar a las rentas medias y bajas" de menos de 30.000 euros anuales (unas 344.000 personas). También ha valorado que se vayan a ver beneficiadas las rentas del sector agrario y las cuidadoras y se incluyan estímulos a la vivienda y el acogimiento familiar.
Unzu ha señalado que en Navarra Suma "siguen anclados en esa receta que aplicaron en Navarra hace más de diez años" y ha considerado que "de esas experiencias como mínimo se debe aprender". En este sentido, ha resaltado: "Frente a su modelo de recortes, nuestro modelo de recursos".
Por Geroa Bai, Mikel Asiain ha citado informes que revelan el crecimiento económico de Navarra desde 2016, ya con el Gobierno presidido por Uxue Barkos, y la mejora de su competitividad, la capacidad de atracción de multinacionales y la industria, una situación que está "lejos de cataclismos y apocalipsis que nos vienen anunciando desde 2015 por la derecha".
Para Asiain, "está claro que hay dos modelos fiscales contrapuestos", uno de ellos "el de la derecha", que propugna una bajada de gravámenes desde un "pensamiento neoliberal", y el otro, el "iniciado con el cambio tranquilo en 2015, que sigue teniendo continuidad hoy".
El portavoz de Podemos, Mikel Buil, tras señalar que esta es "media reforma fiscal", ha anunciado un voto positivo "que puede considerarse una abstención" futura, porque "a la siguiente le vamos a exigir que cuide nuestros sistemas públicos".
Buil, quien ha afirmado que "una reforma fiscal progresiva no es solo la que toca las rentas bajas, sino también las rentas altas de la tabla", ha criticado la "injusticia" que supone la actual regulación del Impuesto de Sociedades.
En el turno en contra, María Jesús Valdemoros, de Navarra Suma, ha rechazado "tirar piedras contra nuestro propio tejado, el de Navarra" y ha censurado la aplicación de unas políticas que apuestan "por un cortoplacismo apabullante" y que "nos perjudican y nos empobrecen".
Valdemoros ha considerado que las medidas en materia tributaria del Gobierno "tampoco siguen un modelo consistente de fiscalidad" y son "un batiburrillo" que solo pretende "subir impuestos a modo de patada adelante" y eso "es lo único que parece unirles".
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha anunciado la abstención de su grupo, en aplicación del acuerdo alcanzado con el PSN, pero ha criticado que el proyecto contempla "unas modificaciones fiscales mínimas, muy limitadas en su contenido", no afronta adecuadamente a su juicio el tratamiento de las rentas de capital e Impuesto de Sociedades y "tiene un coste que puede ser peligroso a futuro".
Araiz ha aseverado no obstante que la tendencia de la política fiscal en Navarra en los últimos años es la de "intentar sostener los recursos públicos, que la capacidad de financiación de la Hacienda navarra sea real" y avanzar en materia de justicia redistributiva.
Por su parte, Marisa de Simón ha asegurado que I-E le da "un suspenso al Gobierno en relación a su política fiscal", porque "no aborda la reforma fiscal que necesita Navarra y la ciudadanía navarra, que aumente la justicia fiscal y la progresividad".
Ha censurado asimismo "ese agujero negro sin fondo del Impuesto de Sociedades, que se traga cada año millones y millones de euros que reducen los ingresos de las arcas públicas".
Por otro lado, el Parlamento también ha aprobado, con la abstención de NA+, la Ley Foral de modificación de las Haciendas Locales para adecuar la carga tributaria del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana al provecho efectivamente obtenido, de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre.
El texto introduce una cláusula de salvaguarda para, atendiendo a la sentencia del TC, evitar que la tributación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana resulte “contraria al principio de capacidad económica”.
Tramitada en lectura única y sujeta a la exigencia de mayoría absoluta, la Ley Foral pretende acomodar la carga tributaria al “incremento de valor efectivamente obtenido”, como reclama el Tribunal Constitucional tras resolver que el “mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición”.
Así y una vez declarada la inconstitucionalidad y la nulidad de los artículos 107.1 (segundo párrafo), 107.2ª) y 107.4, se advierte que la constitucionalidad del método estimativo pasa, “bien por evitar que sea la única regla de determinación de la base imponible, bien por gravar los incrementos potenciales, es decir, aquellos que previsiblemente se producen con el paso del tiempo”.
Por lo tanto, el sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto se convierte en una fórmula optativa que, con efectos para los hechos imponibles que se produzcan a partir del 26 de octubre de 2021, “sólo resultará de aplicación en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo no haga uso del derecho a “acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido”.
“Sin cuestionar la opción política legislativa” de someter a tributación los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el alto tribunal considera que con la nueva redacción se adecúa y se dota de la necesaria “seguridad jurídica” al sistema de cuantificación, dado que en su anterior configuración la carga quedaba “al margen de la capacidad económica gravada y demostrada por el contribuyente”.
Atendiendo a todo ello y “a pesar de que la sentencia no se refiere a la ley Foral de Haciendas Locales de Navarra”, se estima pertinente acomodar los preceptos normativos puestos en cuestión por el fallo judicial.
