• domingo, 25 de julio de 2021
  • Actualizado 09:31

CORRUPCIÓN

Caso 'Manu Ayerdi': una empresa impulsada por Ortúzar (PNV) figura como perjudicada por la quiebra de Davalor

Otras dos empresas públicas con vinculaciones con el Gobierno Vasco aparecen con hasta 3 millones de euros de pérdidas. 

El PNV celebra un homenaje a los militantes con 25 años o más afiliados al partido. PABLO LASAOSA09
Manu Ayerdi y Andoni Ortúzar (derecha) conversan con Unai Hualde en un acto organizado por el PNV en Pamplona. ARCHIVO / LASAOSA

¿Por qué Manu Ayerdi entregó casi 3 millones de euros públicos a una empresa como Davalor, sobre la que Sodena ya había emitido informes técnicos desfavorables sobre su situación económica y viabilidad del proyecto? 

¿Qué interés real existía para que Ayerdi, nada más llegar al Gobierno en 2015, aprobara un primer préstamo de un millón de euros mediante un procedimiento de urgencia y sin respetar los criterios de Sodena? ¿Tuvo Ayerdi alguna presión o exigencia externa para tomar estas decisiones?

Todas estas preguntas van a tener que ser analizadas durante la instrucción del 'Caso Manu Ayerdi' que ha terminado con el exconsejero de Uxue Barkos y María Chivite investigado por el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción. Tras su dimisión y la pérdida de su aforamiento la causa llegará a la Audiencia de Navarra. 

Lo que se va conociendo ahora poco a poco son las relaciones que empresas públicas vascas controladas por el PNV tenían con Davalor y que les ha acarreado importantes pérdidas. 

Una de ellas, la Fundación Vicomtech, fue impulsada por el actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en diciembre de 2000 cuando era director general de EiTB y donde como máximo responsable figura ahora Julián Florez Esnal que es, a su vez, el marido de Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, también del PNV

Esta empresa aparece como una de las tres sociedades públicas vascas con inversiones en Davalor y que han sufrido un quebranto económico por la quiebra de la compañía en la que Manu Ayerdi, expresidente del PNV en Navarra, entregó dinero público de todos los navarros por lo que él mismo describió como "una corazonada". 

También aparecen como perjudicadas en la quiebra otras dos empresas vascas con vinculación con el Gobierno vasco: Tekniker y Elkargi, que junto a Vicomtech, suman más de 3 millones de euros volatilizados por la empresa Davalor, que buscaba desarrollar una máquina de medición de parámetros visuales que fuese capaz de diagnosticar y tratar problemas funcionales de la vista.

¿Hubo alguna relación entre las inversiones de las empresas vascas controladas por el PNV, la mala situación económica de Davalor y el dinero público entregado por el nacionalista Ayerdi a los días de llegar al Ejecutivo navarro?

Una duda más que razonable que, por el momento, ya ha lanzado el Partido Popular en el País Vasco en un escrito parlamentario dirigido, precísamente, a la consejera Arancha Tapia.

"¿Existió algún tipo de conversación o contacto entre el Lehendakari y la presidenta de Navarra o entre la consejera vasca y Manu Ayerdi sobre la situación patrimonial de Davalor?", se ha preguntado de manera directa. 

Además, los populares quieren saber qué grado de conocimiento tuvo el Gobierno vasco de la situación financiera y patrimonial de Davalor Salud a través de las entidades situadas en su ámbito de responsabilidad, cuáles fueron los trabajo, informes o servicios prestados a Davalos que corresponden a la emisión de "facturas varias" que aparecen ahora como impagadas. 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Hace unos días, Manu Ayerdi presentó su dimisión como consejero del Gobierno de María Chivite acorralado por la investigación judicial abierta y obligado por una Ley foral aprobada durante el periodo del Gobierno de Uxue Barkos, cuando él era vicepresidente. 

Sorprendió ver desde el PNV la virulencia con la que reaccionaron ante la querella de UPN contra Ayerdi, en especial la de Ortúzar, que aseguró que era una injusticia lo que ocurría con el consejero navarro, al tiempo que acusaba de mezquindad a los regionalistas, como si la dimisión tuviera estrictamente motivos políticos. 

Sin embargo, Ortúzar olvida que todos los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordaron abrir una causa penal para investigara Manu  Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

La querella de UPN señala que Ayerdi, que era vicepresidente del Gobierno de Uxue Barkos y presidente de Sodena, concedió en septiembre de 2015 a Davalor un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.

 Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social –determinantes éstas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, Ayerdi no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a Davalor.

El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

La querella añade que Davalor en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad.  La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.

El consejero Manuel Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor obedeció a “una corazonada” y que tomó la decisión con un “carácter totalmente personal”.


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