• jueves, 28 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Denuncian el "sectarismo y las trampas" de Ollo con el dinero público y exigen su dimisión

Estas son las reacciones tras anularse los 30.000€ que Barkos iba a regalar al País Vasco para estudiar la 'tortura policial' en Navarra.

María Solana y Ana Ollo informan de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados por el Gobierno de Navarra en su sesión semanal (19). IÑIGO ALZUGARAY
Ana Ollo en una sesión semanal del Gobierno de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY

UPN ha afirmado que “el Departamento que dirige Ana Ollo se ha destacado como el más sectario y tramposo en el uso del dinero público”. Los regionalistas se han pronunciado así tras conocer el “nuevo varapalo judicial” que anula una convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra.

“En esta ocasión, la sentencia declara ilegal una convocatoria de subvenciones que ya fue cuestionada por los partidos de la oposición debido a su sectarismo y al interés de suplantar la labor de Jueces y Tribunales, tal y como se ha declarado probado”, han destacado.

“Para mayor vergüenza se ha utilizado a la Dirección de Paz y Convivencia, un organismo que ha sido denunciado por la práctica totalidad de víctimas del terrorismo debido a los constantes desprecios y ofensas, el último de los cuales consistió en transigir y enmudecer ante la humillación que sufrieron todas las familias de asesinados por ETA con la performance de apoyo a los asesinos organizada por el Ayuntamiento de Pamplona en pleno centro de la capital”, han dicho.

Para UPN, “a lo largo de la legislatura ha quedado acreditado que el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales aplica la política de 'barra libre' para regalar fondos públicos a organizaciones afines. Esta última ilegalidad en el uso del dinero público confirma una sucesión de actos similares que, bajo diferentes excusas, tiene un mismo fin”, han expresado.

Así, los regionalistas han denunciado que “Barkos está destinando todo un Departamento del Gobierno de Navarra a satisfacer los intereses del
nacionalismo
vasco” y han añadido que “los ciudadanos no deben pagar la factura de la complicidad de Barkos con los radicales”.

“Tan solo durante el año pasado, el Departamento dirigido por Ana Ollo se ha visto obligado en varias ocasiones a dar marcha atrás en su interés por desviar dinero público a empresas y organizaciones afines al nacionalismo radical”, han afirmado.

Los regionalistas han recordado que “hace escasos meses comprobamos cómo los servicios técnicos del Gobierno de Navarra impidieron la decisión del
Gobierno de Barkos de regalar 80.000 euros a una organización de la izquierda abertzale para que adquiriesen un castillo en territorio francés", afirman desde UPN.

"Junto a ello, en el mes de noviembre el mismo Departamento hubo de dejar desierto un concurso público dirigido a entregar 90.000 euros de
dinero público a la creación de un medio de comunicación afín a los partidos del Gobierno, y sobre cuyas sospechas advirtió la oposición en sede parlamentaria. La única oferta presentada no reunía los mínimos legales de la convocatoria aprobada por la Consejera” señalan los regionalistas.

Además, UPN ha añadido que "el Departamento que dirige Ollo ha destinado 630.000 euros a favorecer a empresas y negocios vinculados al nacionalismo vasco que viven del euskera, el triple del importe destinado hace tres años".

Para los regionalistas, con ello “el Gobierno de Barkos utiliza el pretexto de la lengua para entregar fondos públicos a empresas de comunicación afines, a través de convocatorias redactadas y dirigidas hacia entidades privadas determinadas, algunas de las cuales muestran una facturación que depende casi en exclusiva de estas ayudas sectarias”.

EL PPN PIDE LA DIMISIÓN DE ANA OLLO

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha exigido la "inmediata dimisión" de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, así como la comparecencia en el Parlamento de la presidenta Uxue Barkos, tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN que anula una orden foral para subvencionar la realización de investigaciones acerca de hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en la Comunidad foral.

El PPN ha señalado en una nota que la sentencia indica que la orden foral, dictada por la consejera, subvenciona trabajos de investigación con una finalidad contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

"Lo que ha ocurrido con esta orden foral es un ejemplo más de los subterfugios que busca la presidenta Barkos para saltarse las leyes y sentencias del TC cuando no comulgan con sus ideas, y sobre todo cuando quiere premiar a los que son de su cuerda. Una presidenta que trabaja en muchas ocasiones burlándose de la ley no merece presidir nuestra comunidad", ha indicado la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán.

La dirigente 'popular' ha señalado que, "cuando tuvimos conocimiento de esta orden foral ya denunciamos que quería saltarse la sentencia del Tribunal Constitucional, pedimos explicaciones a Ollo y a Barkos, y tuvimos que escuchar mentira tras mentira".

"La propia presidenta Barkos, en comparecencia en comisión de Régimen Foral a petición del PPN, afirmó con rotundidad que la orden foral no vulneraba la suspensión del TC, algo ahora desmentido por una nueva sentencia judicial", ha añadido.

En opinión de Beltrán, "este Gobierno ha intentado desde el principio hacer todo lo posible por humillar a las víctimas de ETA, con homenaje a sus verdugos incluido, homenaje precisamente basado también en la ley foral anulada parcialmente por el Constitucional, y queriendo hacer ver que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado eran criminales, cuando los verdaderos criminales son los terroristas de ETA a quienes se ha homenajeado".

La presidenta del PPN ha afirmado que "la Ley de víctimas de violencia policial era una auténtica aberración, afortunadamente anulada por el TC, pretendía erigirse en juez y parte, e incluso pretendía burlar la potestad de la justicia a la hora de establecer culpables, y la orden foral que emanó de esa ley es igualmente otra aberración, ahora anulada por la justicia".

Sin embargo, Beltrán ha afirmado que "esto no puede quedar así, no podemos tener en el Gobierno a una consejera que a toda costa ha intentado burlar sentencia del Tribunal Constitucional para subvencionar trabajos que humillan a las víctimas de ETA y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

"Ana Ollo debe dimitir inmediatamente, y si no lo hace, la presidenta Barkos debe cesarla", ha concluido Ana Beltrán.

PODEMOS "RESPETA PERO NO COMPARTE"

Podemos dice que "respeta" pero "no comparte" anular la subvención para investigar hechos violentos de extrema derecha

El candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Mikel Buil, ha manifestado este miércoles que "respeta" pero "no comparte en absoluto" la decisión del TSJN de anular una subvención del Gobierno de Navarra de 30.000 euros para "investigar y documentar las violaciones de derechos humanos cometidas por grupos de extrema derecha y funcionarios policiales en nuestra tierra".

En un comunicado, Mikel Buil ha señalado que "en Navarra nos queda un largo camino por recorrer en materia de paz y convivencia con relación, por ejemplo, a lo que se está viviendo en Euskadi, en donde nos llevan mucha ventaja en los trabajos de reparación, en los encuentros restaurativos entre víctimas y agresores, en una cultura de la paz en donde no se incide tanto en el relato como en la necesidad de ir cerrando heridas".

Por ello, el candidato de la formación morada ha señalado que "no logra entender cómo el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anula una subvención de 30.000 euros a un equipo de una profesionalidad y rigurosidad más que contrastada como es el de la UPV para documentar vulneraciones de derechos humanos que fueron realizadas en Navarra contra conciudadanos nuestros".

A su juicio, "la ingeniería jurídica no puede servir para atentar contra un derecho básico de cualquier víctima como es la verdad, la justicia y la reparación".


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