La consejera Beaumont ha mantenido en Madrid una reunión con representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Abogacía del Estado.
Navarra y el Estado ven "viable" alcanzar un acuerdo que desbloquee los recursos contra la OPE, según han constatado en la reunión que la consejera María José Beaumont ha mantenido este viernes en Madrid con representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Abogacía del Estado.
La reunión, ha informado en un comunicado el Gobierno foral, tenía como objetivo desbloquear los recursos interpuestos por el Gobierno central contra los dos decretos forales relativos a la Oferta Pública de Empleo de los años 2013 a 2015.
Dicha fuente ha explicado que el encuentro, que ha durado 90 minutos, se ha celebrado con "un clima cordial" y bajo la perspectiva de que "es posible y viable alcanzar un acuerdo por ambas partes".
Por parte del Gobierno de Navarra, han participado también en la reunión la directora general de Función Pública, Amaia Goñi; y la directora del Servicio de Asesoría Jurídica, Belén Cilveti.
Por parte del Estado, han asistido la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; el director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Juan José Herrera; la subdirectora general de Ordenación Normativa y Recursos, Concepción Godoy, el abogado del Estado Raúl López; y el asesor de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Antonio Imízcoz.
La próxima semana, el Gobierno de Navarra concretará una propuesta por escrito para materializar dicho acuerdo con el Estado, cuyos representantes se han comprometido a dar su conformidad cuanto antes, porque "ambas partes vemos urgente solucionar este contencioso", ha afirmado la consejera Beaumont.
La reunión fue solicitada por la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia a través de la delegada del Gobierno en Navarra.
En concreto, Beaumont expuso su deseo de reunirse con las personas del Ministerio y de la Abogacía del Estado que tuvieran capacidad decisoria para desbloquear los recursos interpuestos por el Estado contra el decreto foral 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprobaba la oferta de empleo público correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015; y contra el decreto foral 233/2015, de 3 de septiembre, por el que se incrementaban a 30 las plazas de bomberos.
