El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad la Ley Foral de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, un texto que faculta un marco normativo propio con perspectiva de género, abierto a los nuevos enfoques y a los requerimientos de la sociedad digital, en un escenario demográfico tendente al envejecimiento de la población.
Según ha defendido la consejera de derechos Sociales, Carmen Maeztu, la Ley impulsada por el Gobierno pretende adaptar la legislación foral a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad para superar la dispersión normativa y avanzar en la consecución de una sociedad más inclusiva y accesible, que garantice la autonomía, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades.
Superado el modelo asistencial y en sintonía con el Plan de Discapacidad de Navarra 2019-25 que, integrando los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas, se elaboró a partir de la Estrategia europea 2010-20 (ahora 2021-30), se propugna la accesibilidad universal desde una óptica transversal.
Se busca que la participación sea un hecho en todos los ámbitos sociales, especialmente en los que atañen a sanidad, derechos y servicios sociales, educación, vivienda, empleo, cultura, turismo, deporte y actividades de ocio.
Para hacer efectivo el derecho a la libre toma de decisiones, principio sobre el que descansa la autonomía personal y la participación en sociedad, se promueve el reconocimiento de la capacidad jurídica para establecer un sistema de protección y apoyos que facilite el ejercicio de la capacidad legal indispensable para vivir de forma independiente.
Se trata de “un plan ambicioso de 7 años de duración” a través de una ley que “constituye la pieza central de la regulación foral de la discapacidad en coherencia con la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad”, ha dicho para valorar el “gran trabajo colectivo” para elaborar una ley que “nace con la máxima participación y consenso” y que ha recibido más de 550 aportaciones que se han tenido en cuenta.
“Es un hito democrático” en el que además Navarra será una comunidad pionera en incorporar en su derecho civil estos cambios, que suponen la “recuperación de la autonomía y capacidad de decisión” de estas personas, y que “refuerza los derechos de las más de 35.000 personas con discapacidad en Navarra y sus familias”.
En el turno de los grupos, por Navarra Suma, Jorge Esparza se ha congratulado por la aprobación de “una buena ley, que viene a consolidar” avances de los últimos años, aunque ha pedido “evitar cualquier triunfalismo” porque “solo es el inicio de un camino”, ha dicho convencido de que “hacer buenas leyes no garantiza cumplir los derechos”, por lo que ha pedido a partir de ahora “valentía a la hora de implementar estas medidas”.
Nuria Medina (PSN) también ha respaldado una “ley novedosa, integral, participada y consensuada con el sector”, “mucho más democrática” y que pretende “favorecer una vida más autónoma e independiente” de las personas cualesquiera que sean sus capacidades, ya que “no es una ley para un colectivo en concreto sino para toda la sociedad”.
Por Geroa Bai, Isabel Aranburu ha valorado esta como “una buena ley” y “un hito”, que ha dicho votar “con auténtico placer”, aunque ha coincidido en que ahora se necesita empeñarse en su cumplimiento, por lo que ha recogido la demanda del CERMIN de poner plazos “por que, si no, la efectividad de la norma quedaría muy limitada”.
La portavoz de EH Bildu, Patricia Perales ha coincidido en valorar la “amplia participación” que se ha traducido en un proyecto “amplio y elaborado”, aunque ha recordado casos de leyes también buenas que “se han quedado sin un gran desarrollo”, por lo que se ha sumado a quienes poco antes habían advertido de la necesidad de culminar con medidas este trabajo.
En la misma línea, Mikel Buil (Podemos) ha valorado “una ley buena pero no es un punto de llegada”, aunque “parte del consenso y el trabajo negociado” no solo de los políticos sino desde los propios colectivos sociales, ha dicho para aplaudir los avances que contiene, entre ellos la incorporación de “garantías en el ámbito de la discriminación y del fomento de la vida independiente”.
También Marisa De Simón (I-E) se ha posicionado en favor de esta nueva norma “integral que contempla los derechos de estas personas al empleo, ocio, educación y accesibilidad como los tengo yo”, con todo el apoyo para que estas personas con discapacidad “puedan ejercer su dignidad”.
