POLÍTICA

Domínguez, frente al Tribunal Constitucional: "Navarra lucha por la universalización de la asistencia sanitaria"

El consejero Fernando Domínguez ha comparecido este martes en comisión parlamentaria a petición de Podemos. 

El consejero de Salud Fernando Domínguez durante el pleno parlamentario. MIGUEL OSÉS.
El consejero de Salud Fernando Domínguez durante el pleno parlamentario. MIGUEL OSÉS.  

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha comparecido este martes en comisión parlamentaria a petición de Podemos para informar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la ley foral por la que se reconoce a los residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita. "Una anulación que supondría que 5.694 personas residentes en la Comunidad foral se verían excluidas", ha dicho. 

A este respecto, Domínguez ha afirmado que desde la Comunidad foral se quiere promover un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud para lograr la "plena universalización" de la asistencia sanitaria y "revertir el concepto de asegurado al de ciudadano".

Además, Navarra pretende obtener el "compromiso" del Gobierno central de que "todas las comunidades autónomas van a ser tratadas del mismo modo" respecto a la atención sanitaria de inmigrantes en situación irregular, "sean cuales sean las circunstancias y el color de su Gobierno".

Así mismo, durante la comparecencia Domínguez ha remarcado que el Gobierno foral entiende que "el derecho universal a la asistencia sanitaria no es solo un derecho humano, sino que constituye un requisito indispensable para alcanzar los mejores indicadores en resultados de calidad, esperanza de vida y desarrollo de una comunidad".

"Aunque respetamos la decisión del TC, no la compartimos", ha afirmado el consejero, quien ha destacado que nada más conocer la decisión del Tribunal Constitucional "nos comprometimos a defender las competencias para garantizar el acceso universal a todos los ciudadanos que residan en Navarra".

En este sentido, ha señalado que "no creemos que excluir a los inmigrantes irregulares limitando su atención a los servicios de urgencia suponga beneficio alguno para el sistema público" y ha defendido que "no podemos admitir que la política antiinmigración se haga desde el ámbito sanitario y se condene a la marginación a este colectivo de personas".

Por ello, según ha indicado Domínguez, "el Gobierno de Navarra ya ha adoptado el acuerdo oportuno que nos permite dar una respuesta adecuada a la situación creada respetando siempre el marco de las competencias propias de nuestra comunidad".

Tras analizar las distintas alternativas, "se ha optado por hacer uso de las competencias propias en materia de servicios sociales y en fijación de tasas y precios públicos" para eximir del pago del precio público correspondiente a las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad que tengan como única vía de acceso al Sistema Nacional de Salud la suscripción de un convenio especial y una renta inferior a 18.000 euros, ha detallado el consejero.

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD

Por otro lado, Fernando Domínguez ha resaltado que la actuación del Departamento de Salud "no se está limitando" a promover esta iniciativa, sino que "en paralelo" se están realizando actuaciones a nivel estatal para promover un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud en esta materia. Ha incluido este tema en el orden del día y ha remitido al Ministerio de Sanidad un estudio del estado actual del sistema de atención a personas en situación irregular.

A este respecto, ha explicado que "la realidad es que en la actualidad todas las comunidades de una u otra forma están prestando la asistencia sanitaria a sus residentes en situación irregular" y ha criticado la "arbitrarierdad" del Gobierno central "a la hora de recurrir o no las normas e instrucciones articuladas por las distintas comunidades".

Ha criticado así "la arbitrariedad y la política errática del Gobierno del PP, que mientras recurre las normas de algunas comunidades, otras no" y ha cuestionado que "la pretendida uniformidad en la regulación e igualdad de todos los españoles para la protección de la salud se haya transformado en un mosaico de modelos en los que se está incumpliendo la igualdad aludida". Ha defendido, además, la derogación del Real Decreto que excluye a los inmigrantes en situación irregular.

PODEMOS: "ES UN VARAPALO"

En el turno de los grupos parlamentarios, Tere Sáez, de Podemos, ha considerado que la sentencia del TC supone "una merma importante a la autonomía" de Navarra, además de demostrar "una falta de corazón terrible al anular una ley garantista de Derechos Humanos". "Esto es un varapalo que hay que darle una salida", ha sostenido Sáez, quien ha expresado su apoyo al consejero en sus reivindicaciones al Consejo Interterritorial de Salud.

En representación de UPN, Begoña Ganuza ha asegurado que cuando el departamento de Salud estaba dirigido por la formación regionalista "se prestó asistencia integral a todas las personas, cumpliendo a la vez la normativa del Gobierno central" y ha cuestionado que el Gobierno foral "haya anunciado a bombo y platillo" tras la sentencia del TC "un acuerdo calcado entre comillas al que hizo UPN". Además, ha pedido al consejero que se "ahorre" el "victimismo".

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha lamentado la sentencia del TC "recortando derechos humanos básicos y universales". Y ha manifestado que "llama la atención que tenga una visión tan miope de la salud". Asimismo, ha "aplaudido" las medidas tomadas por el Gobierno foral para atender a todos los residentes, así como que vaya a llevar este tema al Consejo Interterritorial de Salud.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz le ha exigido a la representante de UPN que se ponga "menos medallas" y ha amparado la respuesta que ha dado el Departamento de Salud a esta situación, aunque "nos queda una situación agridulce". "Dulce porque el Gobierno ha mostrado una clara voluntad a la asistencia que merecen todas las personas, pero agria porque esto que es un derecho no se nos permite que lo reconozcamos", ha planteado.

La socialista María Chivite, por su parte, ha suscrito toda la intervención del consejero de Salud, "punto por punto", y ha subrayado que "la universalización de la asistencia sanitaria la ha roto un Real Decreto a nivel estatal, que UPN votó favorablemente". Ha esperado que las ayudas impulsadas por el Gobierno central "lleguen a quienes lo necesitan" y que se llegue a un acuerdo para derogar el Real Decreto.

Por contra, el parlamentario del PPN Javier García ha considerado que el consejero ha manifestado "ciertas falsedades" y ha asegurado que es "prioridad" del Gobierno central "trabajar por todos los españoles", negando así "arbitrariedad". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha reprochado a Domínguez. Además, también ha sido crítico con los socialistas y ha señalado que el Real Decreto es consecuencia de "la deuda insostenible que dejó el PSOE".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha felicitado al consejero por las medidas adoptadas y por "prever" que la sentencia del TC fuera favorable a "los intereses del PP". Y ha lamentado que el representante del PPN "viva en una realidad paralela". 


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