La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha abogado este martes por "abordar de forma constructiva el completo rechazo y erradicación de la tortura y de los malos tratos", así como "la atención a los derechos de justicia y reparación de quienes han sido víctimas, mejorando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y dando así pasos firmes en nuestra convivencia".
Ollo ha comparecido, junto al director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, en comisión parlamentaria para exponer el informe sobre la 'Tortura y malos tratos en Navarra durante el periodo 1960-1978' elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, un informe que "se va a completar con otros informes dentro de un contexto histórico y victimológico", ha dicho Ollo.
Ha señalado que en 2018 encargaron el informe al IVAC con el objetivo de conocer "la incidencia real de la tortura y los malos tratos en la Comunidad foral durante el periodo de tiempo comprendido entre 1960 y 1978".
Y ha comentado que "nos pareció oportuno ya que durante la época de la dictadura la utilización de la tortura y los malos tratos por parte de los representantes de la autoridad era sistemática y generalizada en detenciones de la oposición política o sindical".
La consejera ha manifestado que "han pasado los años y las víctimas de tortura y malos tratos de aquella época continúan sin tener un reconocimiento social ni jurídico efectivo, tampoco se ha desarrollado una política de reparación adecuada".
Por su parte, Zabalza ha detallado que "el informe expresa con claridad que la tortura constituye una grave violación de los derechos humanos".
"La sospecha de su práctica es una cuestión que preocupa también a la sociedad navarra y está presente en el debate político. Durante la época de la dictadura la utilización de los malos tratos y torturas era sistemática y generalizada en detenciones de la oposición política y sindical", ha indicado.
Ha leído conclusiones recogidas en dicho estudio como que "entre 1960 y 1978 son numerosos los casos de personas detenidas que denunciaron torturas y malos tratos en sede policial por parte de las fuerzas de seguridad, Policía y Guardia Civil en Navarra" y que "esta conducta fue reiterada en el marco de la represión a los disidentes por cuestiones de carácter político".
Concluye también que "las denuncias formuladas en la época no tuvieron ninguna investigación eficaz por parte de los tribunales de justicia" o que "distintas autoridades en la época, denunciaron públicamente los hechos, alcanzando una repercusión de carácter internacional".
En la investigación llevada a cabo, ha precisado el director general, se constatan un total de 204 expedientes o casos de los que se han descartado 35 por falta de documentación suficiente hasta el momento.
"Por tal motivo sería deseable ampliar este estudio y dar a conocer los resultados obtenidos al objeto de que pueda sumarse más información en todos los casos y que incluso puedan incorporarse otros nuevos", ha dicho.
Entre las conclusiones citadas, ha expuesto que "los modelos de transición basados en el olvido no sirven para reparar a las personas perjudicadas por graves vulneraciones de derechos sucedidas en el pasado".
En su intervención, Ollo ha señalado que el Gobierno foral "trabaja en el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, respetando los diferentes contextos históricos, victimológicos y normativos, sin equiparaciones ni diluciones de ningún tipo, atendiendo a cada víctima según sus necesidades y según lo que ha demandado de nosotros".
Según ha comentado la consejera, "la elaboración de informes que avanzaran precisamente en el dimensionamiento de la violencia ejercida en las últimas décadas en nuestra tierra ha sido uno de los ejes de trabajo de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y del Instituto Navarro de la Memoria desde su constitución".
Ollo ha afirmado que "creemos que los Estados y sus gobiernos tenemos la obligación de proteger a todas las personas frente a la tortura, garantizar que las víctimas obtienen justicia y que los torturadores responden por sus crímenes"
Y ha expuesto que en las últimas décadas son "varios miles de personas las que han declarado y, en menor medida, han denunciado en el conjunto del Estado español haber sido sometidas a torturas, malos tratos o vejaciones denigrantes".
"Este hecho, unido a la falta de aplicación durante años por parte del Estado de mecanismos para la prevención e investigación de las denuncias por tortura, han dado lugar a que los organismos internacionales oficiales y ONG que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, tuvieran la convicción de que la tortura y los malos tratos eran una realidad en España", ha manifestado.
Ha detallado que en el año 2002 se presentaron 110 denuncias de tortura en el conjunto de España. "Ello provocó que los relatores especiales de la ONU para la tortura realizaran hasta tres visitas de control y redactaran sendos informes entre los años 2004 y 2009", ha comentado, para continuar que "en dichos informes se concluía fundamentalmente que la tortura en España no era sistemática aunque constituía una realidad algo más que esporádica e incidental".
Por otro lado, ha explicado que en breves fechas van a presentar el informe 'Terrorismo de extrema derecha en Navarra' y también la segunda parte del 'Estudio de las memorias familiares, sociales e institucionales en los casos específicos de Mikel Arregui Marin, Ángel Berroeta Legaz y José Miguel Etxeberria Álvarez'.
Ollo ha esperado que "estas líneas de trabajo cuenten con el consenso y el esfuerzo de todos los grupos" y ha expuesto que "la voluntad y el compromiso de este Gobierno es la de seguir avanzando en esta cuestión, también en el acercamiento a la verdad en la vulneración de derechos humanos que han sufrido la tortura y los malos tratos son un ejercicio de violencia ilegítima".
"Es necesario abordar este trabajo con la voluntad de construir una sociedad más justa, más ética y más solidaria, donde las vulneraciones de derechos humanos cometidas en el pasado no puedan volver a repetirse", ha afirmado.
La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha opinado que "hay que seguir profundizando en esta cuestión" y ha añadido que la tortura "se tiene que reconocer".
"Si algo que denigre a un Estado de Derecho es que no se reconozca que esto ha existido y no se dé ningún tipo de vía para reparar a las víctimas", ha dicho.
Desde Navarra Suma, Iñaki Iriarte ha indicado que "las torturas y malos tratos son un crimen repungante y las denuncias deben ser investigadas con rigor, caiga quien caiga".
"Durante el franquismo fueron algo bastante común", ha dicho, para señalar que el informe presentado "está mal planteado" y es "poco claro". "Me parece un mal trabajo", ha señalado.
La parlamentaria socialista Inma Jurío ha expuesto que los actos de tortura hasta el 78 eran "sistemáticos" ya que "fue una época en la que no había garantías".
"El estudio no debe ser demonizado pero tampoco debe tomarse como verdad absoluta, sino que debe servir para conocer datos para seguir adelante", ha comentado, para afirmar que "hay que seguir estudiando".
El representante de Geroa Bai Jabi Arakama ha animado a la Dirección General a seguir trabajando de forma rigurosa. "Apoyamos el enfoque del trabajo realizado y es de importancia el trabajo conjunto de distintos departamentos para avanzar el trabajo institucional en este campo", ha dicho, para afirmar que el informe tiene conclusiones "bien interesantes".
Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que acogen con "buenos ojos" el trabajo realizado. "La tortura y malos tratos no caben en una sociedad democrática", ha dicho, para exponer que "nos parece necesario seguir avanzando en esta investigación".
