Los cuatro partidos plantean esta medida tras la revocación del nombramiento de Imanol Haranburu en Educación
La comisión de seguimiento del acuerdo programático ha propuesto al Gobierno de Navarra que el nombramiento interino del jefe del Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación, así como designaciones del mismo rango, sean decididas por un concurso de méritos y capacidad.
Este jueves ha tenido lugar una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento en el Parlamento de Navarra. Ha contado con la participación de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, del consejero de Educación, José Luis Mendoza, y de representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.
La cita ha tenido lugar después de que el pasado viernes 9 de octubre el departamento de Educación del Gobierno de Navarra revocase el nombramiento de Imanol Haranburu Karrera como jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación, una vez conocida su relación en el pasado con ETA. Esta revocación provocó el rechazo de EH Bildu.
Precisamente, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado este jueves en declaraciones a los medios que en el supuesto de que en el Gobierno foral "no se diera la solución" planteada por la comisión de seguimiento "pondríamos en cuestión la confianza política en el consejero Mendoza y su continuación al frente del departamento".
Por su parte, José Luis Mendoza ha explicado que se decidió revocar el nombramiento de Imanol Haranburu como jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación por "un problema de pérdida de confianza de este consejero".
En declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la reunión, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, se ha felicitado "por el acuerdo que hemos tomado las cuatro fuerzas" y ha dado la polémica por solucionada.
Martínez ha negado que en la revocación de Imanol Haramburu haya habido una "caza de brujas ni purga en la Administración pública" sino "una valoración de las personas, de sus cualidades, de sus trabajos, de sus méritos y sus capacidades, a la hora de nombrarlos de nuevos o a la hora de mantenerlos en sus cargos". Ha afirmado que "no ha sido un cese" sino una "revocación" con el que "el propio Gobierno está reconociendo que se equivocó al hacer ese nombramiento" en un "ejercicio de sinceridad y honradez política".
El representante nacionalista ha remarcado que estos nombramientos "no se toman en una situación ideal" sino en un contexto en el que la ciudadanía opina "respecto a este y otros muchos temas bajo el influjo todavía de la violencia que no ha terminado de desaparecer aunque ETA haya dicho que deja las armas". Una realidad que genera "división y fractura" en la sociedad y que "va mucho más allá de lo meramente político".
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha opinado que con el acuerdo adoptado "se ha producido una reparación a un problema que sólo ha creado el Gobierno" y ha pedido que "en el plazo más breve posible se proceda a la convocatoria" de la plaza de jefe del Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación.
Araiz ha calificado de "violación de derechos" la revocación de Haramburu porque "no se puede plantear que por que una persona haya estado en la cárcel por el motivo que sea no pueda optar" a una plaza en la Administración y ha recordado no es necesario "para una jefatura de negociado depositar ninguna confianza porque se trata de un puesto que no es en absoluto un puesto ejecutivo".
Por otro lado, ha acusado a UPN de "intentar romper la unidad" entre los cuatro partidos firmantes del acuerdo programático. Y ha criticado "la práctica partidista de UPN, la utilización de la no provisión de las jefaturas de Negociado y de Sección reservándolas a amigos y amiguetes, y no se proveían por concurso de méritos como establece la ley".
La representante de Podemos, Laura Pérez, ha afeado que "cuando la ley se aplica en los términos abusivos en los que los ha venido aplicando UPN se producen este tipo de situaciones de discrecionalidad política y designaciones a dedo", y ha exigido que la designación mediante concurso de méritos sea "extensible incluso a los altos cargos para garantizar que sean las mejores personas técnica, profesional y políticamente las que estén en todas las instancias de la Administración".
Finalmente, por parte de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que "ha habido un abuso de anteriores gobiernos en lo que es el aprovisionamiento de este tipo de puestos" y ha insistido en la necesidad de "objetivar estos procesos de decisión".
Nuin ha reconocido que "se ha generado una situación de tensión" con esta polémica entre los firmantes del acuerdo programático aunque ha confiado en la "solidez" del "Gobierno del cambio".
El portavoz de I-E ha destacado a los medios de comunicación que, en la reunión de la comisión de seguimiento, se ha tratado también el caso de una víctima de ETA que ha sido considerada como "no oportuna" por parte del Gobierno foral para la dirección de Paz y Convivencia. Una postura que Nuin no comparte al considerar "un elemento positivo y favorable" el nombramiento al frente de esta dirección de "una persona con una trayectoria en paz, en reconciliación, en normalización, en memoria y que también tuviese la circunstancia de ser una víctima de ETA".
