• miércoles, 20 de octubre de 2021
  • Actualizado 06:48

 

 
 

SALUD

Primera transferencia en 20 años: España traspasa la sanidad penitenciaria a Navarra

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha firmado la trasferencia de competencias.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, comparecen en rueda de prensa tras la reunión de la comisión mixta de la Junta de Transferencias en la que se materializará el traspaso a Navarra de las funciones y servicios en materia de sanidad penitenciaria, en el Palacio de Navarra. MEGAN WALLS
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, comparecen en rueda de prensa tras la reunión de la comisión mixta de la Junta de Transferencias en la que se materializará el traspaso a Navarra de las funciones y servicios en materia de sanidad penitenciaria, en el Palacio de Navarra. MEGAN WALLS

La comisión mixta de la Junta de Transferencias ha certificado este miércoles el acuerdo del traspaso a Navarra de la competencia de la sanidad penitencia.

De esta forma, desde el 1 de agosto, la Comunidad foral ejercerá las funciones de asistencia sanitaria en el centro penitenciario de Pamplona, garantizando los derechos de las personas reclusas como usuarias de los servicios de salud, la accesibilidad a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, por parte del Gobierno central, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, han encabezado la reunión de la comisión, celebrada en el Palacio de Navarra para ratificar el traspaso. Es la primera transferencia de una competencia a Navarra en veinte años.

Según los términos del acuerdo, el coste total anual de la sanidad penitenciaria a nivel estatal es de 131 millones de euros, de los que Navarra se descontará el 1,6% en la aportación económica al Estado; esto es 2,1 millones de euros anuales, para financiar las funciones y servicios que se van a asumir.

Navarra se hará cargo de los gastos de personal de las diez personas que hasta ahora formaban parte de la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Se trata de seis personas funcionarias, una contratada temporal y tres integradas como personal laboral, que pasarán a incluirse en la plantilla del Servicio Navarro de Salud. Asimismo, la Comunidad Foral afrontará el resto de gastos relativos a la asistencia sanitaria como fármacos, equipamientos médicos, etc.

"Navarra asume con responsabilidad y compromiso con el servicio y con la ciudadanía esta competencia", ha recalcado la presidenta de Navarra, María Chivite, en una comparecencia ante los medios de comunicación junto con el ministro Iceta, al finalizar la Junta de Transferencias. Chivite ha señalado que, con el acuerdo alcanzado, "se da un impulso al modelo de Estado descentralizado".

Ante el ministro, Chivite ha hablado de autogobierno "siempre desde el respeto a todas las comunidades y al conjunto del país, y desde la perspectiva de lealtad, de solidaridad y de cohesión". "Desde la colaboración podemos responder mejor a los desafíos y los retos que tenemos, y esa colaboración es perfectamente compatible con profundizar en el autogobierno, asumir competencias y hacerlo desde la colaboración interinstitucional, con diálogo y acuerdo, y no en términos de aislamiento o alejamiento", ha recalcado, haciendo referencia a las competencias de tráfico que próximamente asumirá Navarra.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha asegurado se siente "particularmente orgulloso y feliz porque hacemos un nuevo traspaso de una competencia" y ha señalado que hasta ahora sólo País Vasco y Cataluña tenían asumida esta competencia, por lo que ha animado al resto de Comunidades Autónomas a solicitarla.

Además, Iceta ha destacado que "no se puede desligar el autogobierno y el Amejoramiento del Fuero del mejor servicio posible a la ciudadanía", tras lo que ha destacado "la valentía del Gobierno de Navarra" con la asunción de esta competencia.

COLABORACIÓN EN EJECUCIÓN PENAL

Además, representantes de Navarra y el Estado han mantenido este miércoles una reunión de trabajo en la que han reafirmado su “estrecha colaboración” en materia de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa y su “plena sintonía” para lograr un sistema penitenciario más humano.

Así lo han expresado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente. Por parte de la Administración Foral, ha participado también en la reunión el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.

El encuentro entre ambas partes se ha producido en el marco de la asunción de competencias de sanidad penitenciaria, pero ha servido para que el Gobierno de Navarra e Instituciones Penitenciarias pongan en común otras cuestiones relacionadas con los trabajos que viene realizando el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, y las vías de colaboración abiertas entre ambas administraciones.

Recientemente se han formalizado convenios entre las dos partes, que regulan, entre otras cuestiones, el programa de Diálogos Restaurativos, que se va a llevar a cabo en el centro penitenciario de Pamplona, o el programa terapéutico para quienes cumplen condena por agresiones sexuales.

Además, desde el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia se han planteado a Miguel Ángel Vicente nuevas propuestas de colaboración, dentro de las competencias actuales de Navarra en Ejecución Penal, y que vienen marcadas por el documento de Líneas Estratégicas para un modelo navarro que se presentó el pasado mes de febrero.

Entre otras cuestiones, se ha planteado la posibilidad de potenciar tanto el tercer grado, en el centro penitenciario de Pamplona, como las penas no privativas de libertad (los trabajos en beneficio de la comunidad, o TBCs).

Ambas administraciones coinciden en la necesidad de explorar todo el potencial de estas vías de trabajo, por lo que seguirán complementando esfuerzos en estas líneas.

Desde el Gobierno de Navarra, por ejemplo, el consejero Santos ha informado a Vicente de la ronda de encuentros que viene manteniendo con alcaldes de diferentes localidades, en las que está encontrando “buena receptividad” al planteamiento de que las entidades locales ofrezcan trabajos en beneficios de la comunidad a través del Servicio Navarro de Ejecución Penal.

En relación a la asunción de competencias de sanidad penitenciaria, es la Dirección General de Justicia la que está realizando la coordinación interdepartamental e interinstitucional que asegure que esta histórica asunción de la transferencia redunde en una atención médica integral de las personas presas.

Por ello, el consejero Santos ha detallado las acciones que han comenzado a implementarse para cumplir con el mandato que la Junta de Transferencias realizaba en su acuerdo: que la asistencia sanitaria penitenciaria implique actuaciones de carácter médico legal establecidas en la legislación penitenciaria, así como coordinación entre lo judicial y lo sanitario.


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