El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y la abstención de Navarra Suma, el proyecto de ley foral con un crédito extraordinario de 25 millones de euros dirigido a las entidades locales para afrontar las necesidades derivadas del Covid-19.
Este fondo extraordinario se financiará con cargo al remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Haciendas Locales. En concreto, 15,5 millones de euros se destinarán a reactivar la actividad económica y social de todos los municipios y concejos y los otros 9,5 millones de euros a paliar los mayores gastos y menores ingresos que todos los ayuntamientos están soportando con motivo del Covid-19, especialmente, en relación a las escuelas infantiles y de música, servicios deportivos, aparcamientos, residencias de ancianos, centros de día y transporte urbano.
En el debate del proyecto de ley se han aprobado dos enmiendas presentadas por PSN y EH Bildu, respectivamente, la primera para facultar a la Dirección General de Administración Local y Despoblación para dictar las disposiciones que sean necesarias y la segunda para incluir la posibilidad de redacción de planes integrales de actuación en materia de accesibilidad.
En defensa del proyecto de ley, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha afirmado que es "fundamental" que en esta crisis "nadie se quede atrás, ningún municipio ni concejo" y, por eso, según ha expuesto, en el reparto de fondos "además de los criterios poblacionales, también se han tenido en cuenta criterios de solidaridad y de cohesión territorial".
"La recuperación económica y social debe ser de toda Navarra en su conjunto, si no somos capaces de apostar por el equilibrio territorial para bordar la recuperación en toda la comunidad condenaremos a muchas zonas rurales", ha advertido Ciriza, para quien el Covid-19 "puede ser una oportunidad para la revitalización de las zonas rurales".
Ha afirmado, además, que Pamplona "no sale mal" en este fondo y ha asegurado que en el reparto "no está la variable de pertenecer a Navarra Suma". "Son criterios claros y cuantificables", ha argumentado.
NA+: "HAN CREADO UN DESEQUILIBRIO ENTRE ENTIDADES"
Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Yolanda Ibáñez ha remarcado que su coalición "cree que es necesario este fondo 25 millones de euros para las entidades locales", pero ha afirmado que no comparten la "forma" del Ejecutivo. "No estamos de acuerdo en cómo se ha hecho el reparto del fondo", ha subrayado.
En su opinión, el Gobierno "ha vuelto a perder una oportunidad para ayudar a las entidades locales, que han ido por delante del Ejecutivo y se anticiparon" en la crisis del Covid-19. Y ha reprochado al consejero que "venda su fórmula y la división del fondo como si fuera un regalo a las entidades locales" cuando "con este reparto no van a cubrir ni el 50%". "Con esta ley no están sufragando los gastos y merma de ingresos que han tenido las entidades y han creado un desequilibrio", ha sostenido.
Por parte del PSN, Jorge Aguirre ha defendido el reparto de las cantidades realizada y ha considerado que "no se puede decir que perjudique a las entidades locales". "Estas medidas vienen a generar riqueza entre los municipios y un impulso a la economía local que la mayoría de entidades venían reclamando", ha apuntado.
Según ha señalado, el departamento "ha conseguido aplicar criterios claros y transparentes" para el reparto de los fondos y ha censurado que Navarra Suma no vote a favor de este proyecto. "Pedían más dinero para Pamplona pero no se atreven a decir a quién quitamos. Miran cómo quedan los ayuntamientos donde gobiernan y no en la comunidad", ha afirmado.
En representación de Geroa Bai, Pablo Azcona ha pedido al Gobierno foral "agilidad" a la hora de transmitir los fondos, ya que, según ha expuesto, "muchas de las cuestiones ya se están haciendo y los ayuntamientos están adelantando sus recursos en una situación nada sencilla".
Ha reivindicado, además, que "los ayuntamientos puedan hacer uso de los remanentes para hacer frente a todas estas medidas y a otras que vendrán de la forma más sencilla posible" y también ha reclamado un "impulso" a la implantación de la administración electrónica en el ámbito local. Asimismo, ha remarcado que "queda pendiente el debate de la financiación local" y ha considerado "clave" sacar adelante un plan de inversiones locales "ambicioso".
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha puesto en valor el contenido del proyecto de ley, "más allá de pequeñas diferencias y cuestiones menudas", y ha afirmado que "la parte que se plantea par el impacto que hayan tenido los presupuestos nos parece que en estos momentos es una solución suficiente".
Ha señalado que "el reparto, los criterios y las variables que se han empleado también lo compartimos" y ha valorado que "no va a haber ninguna entidad local que se vea excluida de la transferencia de capital en relación a las inversiones". En este sentido, ha considerado que "no hay marginación a las poblaciones de más de 10.00 habitantes, sino que hay un criterio distinto que es el de la cohesión territorial".
La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha valorado que en esta crisis "hemos comenzado a mirar también a los de abajo" y se ha pasado de "utilizar políticas austericidas a incorporar en nuestros discursos lemas que surgieron en el 15M como no dejar a nadie atrás y situar las personas en el centro".
Se ha mostrado a favor de la "distribución y el reparto" del fondo de 25 millones y ha destacado que "los ayuntamientos y las entidades locales nos están esperando y esto va ser un la liquidez importante para tener capacidad y desarrollar los servicios públicos directos".
Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha apoyado que la "prioridad" del reparto sea "el equilibrio presupuestario y la eficiencia económica de las diferentes corporaciones locales" y también ha defendido "la equidad en los criterios de reparto".
"La equidad pensando no en el ayuntamiento y la población en sí, sino en cada uno de los ciudadanos de las diferentes poblaciones", ha destacado De Simón, quien ha pedido al Gobierno "agilidad en los procedimientos administrativos para que las entidades dispongan del fondo".
